El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, se mostró a favor de disolver la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) durante su participación en la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.
Al ser consultado sobre la propuesta de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, Belmont afirmó que está “100% de acuerdo” y planteó que la administración del transporte vuelva al esquema anterior. En su intervención, criticó la situación del país y señaló que el Perú ha retrocedido en varios aspectos debido a la corrupción y la presencia de mafias.
“Estoy 100% de acuerdo (con propuesta de eliminar la ATU). ¿Quién asume? Como fue antes. Nosotros hemos retrocedido 200 años con esto. Señores, yo no sé qué le pasa al Perú. Tenemos problemas con la mafia, con la corrupción, que son los generadores de todo esto", manifestó.
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En materia de seguridad ciudadana, el candidato sostuvo que el principal problema del país es la falta de confianza en el sistema de justicia. En ese sentido, indicó que la lucha contra la criminalidad no pasa únicamente por aumentar policías o construir más cárceles, sino por reorganizar las instituciones vinculadas al sistema judicial, como la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial.
Belmont también planteó que se debe priorizar la prevención del delito, recordando la implementación de los centros de auxilio rápido durante su gestión como alcalde de Lima, los cuales, según señaló, contribuyeron a mejorar la seguridad en su momento. “Yo haría lo mismo que hice en la municipalidad: los centros de auxilio rápido. Aquí hay que prevenir el crimen”, sostuvo.
Asimismo, destacó la importancia de combinar la experiencia con la juventud en la gestión pública, señalando que su trayectoria política y municipal puede aportar soluciones en un contexto que calificó como complejo para el país.
El candidato sostuvo que el Perú ha escuchado muchos discursos y propuestas a lo largo de los años, pero que el principal problema ha sido la falta de ejecución de las medidas planteadas por las autoridades. En esa línea, remarcó que el combate a la corrupción y a las mafias debe ser una prioridad para reducir la criminalidad en el país.
El candidato presidencial Ricardo Belmont planteó disolver la ATU, ordenar el sistema de justicia y revisar contratos ley durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones rumbo a las Elecciones 2026. Foto: Captura JNE.
“Sin maestros no hay futuro”
En el bloque de Pregunta Ciudadana, el candidato presidencial Ricardo Belmont centró su discurso sobre educación en la necesidad de mejorar la situación de los docentes, señalando que el sistema educativo del país atraviesa una crisis profunda. En ese contexto, afirmó que la base para mejorar la educación, especialmente en zonas como la selva, es dignificar la carrera docente y mejorar los salarios de los maestros.
Belmont sostuvo que la educación es la inversión más importante de un país, porque el verdadero capital de una nación es su gente. En esa línea, remarcó que sin maestros bien pagados, motivados y respetados no habrá futuro para el país, y que la recuperación del sistema educativo también pasa por recuperar la moral y la lucha contra la corrupción.
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Revisar contratos ley y la Constitución
En el bloque de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, el candidato presidencial Ricardo Belmont planteó que la corrupción en el país está vinculada a contratos públicos, adendas y sobrecostos en obras, por lo que propuso revisar los contratos ley firmados por el Estado, así como la Constitución vigente, al considerar que estos mecanismos han permitido que se perjudique económicamente al país durante varios años.
En esa línea, sostuvo que el Perú no es un país pobre, sino empobrecido por la corrupción y por malas decisiones políticas, por lo que consideró necesario cambiar las reglas de juego para evitar que se sigan perdiendo recursos públicos y reducir la corrupción en la gestión estatal.
