Más de 365,000 habitantes de Cajamarca serán beneficiados con una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), proyecto que demandará una inversión superior a los US$ 123 millones y que busca reducir una de las principales brechas de saneamiento de la región.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó la ejecución del proyecto a la empresa FCC Aqualia S.A., que asumirá el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura mediante una Asociación Público-Privada (APP).
Actualmente, las aguas residuales de la ciudad son vertidas sin tratamiento a los ríos Mashcón, San Lucas y Cajamarquino, lo que genera impactos ambientales y sanitarios. Con la puesta en marcha de la nueva planta se busca revertir esta situación mediante el tratamiento de un caudal promedio de 0.6 metros cúbicos por segundo, contribuyendo a la recuperación de estos cuerpos de agua.
Además del impacto ambiental, el proyecto permitirá fortalecer la salud pública, favorecer la recuperación de la flora y fauna del valle de Cajamarca, mejorar las condiciones para la actividad agrícola y abrir oportunidades para el aprovechamiento sostenible del agua tratada.
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La ejecución de la obra también impulsará la generación de empleo durante las etapas de construcción y operación, dinamizando la economía local.
El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que esta adjudicación forma parte de la cartera de proyectos que impulsa la entidad para ampliar la infraestructura de servicios públicos y afirmó que continuará realizando el seguimiento correspondiente hasta que las inversiones se traduzcan en obras para la ciudadanía.
Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. Foto: ProInversión.
La adjudicación se realizó tras un proceso competitivo en el que se evaluaron las propuestas técnicas y económicas de los postores. En la ceremonia participaron autoridades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el alcalde provincial de Cajamarca, Eduardo Quiroz, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras autoridades locales.
