El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un nuevo recurso de hábeas corpus de la defensa del expresidente Pedro Castillo, con el que se buscaba anular el proceso por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y ordenar su libertad inmediata.
El fallo se emitió luego de que el TC evaluara si la demanda cumplía con los requisitos formales necesarios para ser admitida.
El demandante pidió anular dos resoluciones judiciales que habían declarado improcedente su excepción de improcedencia de acción. La defensa también buscaba dejar sin efecto todo lo actuado en el proceso penal hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria. Sin embargo, el TC rechazó todos los pedidos.
La defensa de Castillo argumentó que no se cumplían los elementos del delito de rebelión y sostuvo que exmandatario solo leyó un mensaje a la nación anunciando el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia, sin levantarse en armas.
El TC resolvió que los cuestionamientos planteados no pueden ser revisados en la vía constitucional, porque implicarían evaluar culpabilidad o inocencia y la adecuación de la conducta al tipo penal. Además, el Tribunal afirmó que la valoración de los elementos del delito corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria.
Por otro lado, la entidad constitucional aclaró que la actual privación de libertad de Pedro Castillo no se basa en una imputación por rebelión, sino en una condena de 11 años y 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión dictada en primera instancia.
La sentencia fue suscrita por el presidente del TC, Helder Domínguez Haro, y los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.
En votos singulares, los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez plantearon que el caso se debata previamente en audiencia pública antes de emitir la decisión final.
El TC resolvió que los cuestionamientos planteados no pueden ser revisados en la vía constitucional, porque implicarían evaluar culpabilidad de la conducta al tipo penal. Foto: GEC
