El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de la Defensoría del Pueblo que busca declarar inconstitucional el Decreto de Urgencia 010-2025 que establece medidas económicas y financieras para la reorganización patrimonial de Petroperú.
El Pleno del Tribunal del TC determinó que la demanda presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cumple con los requisitos del artículo 97 y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional para ser admitida.
Sin embargo, el Tribunal declaró improcedente la parte de la demanda que pedía que la Presidencia del Consejo de Ministros y su procurador público fueran emplazados o notificados sobre la presentación de este recurso.
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El TC precisó que, conforme al artículo 88 del Nuevo Código Procesal Constitucional, “en el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, su defensa corresponde a la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional”.
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Luego de ello, se convocará a una audiencia en la que el TC escuchará los argumentos de las partes involucradas en el proceso, antes de emitir una sentencia sobre el caso.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo sostuvo que el decreto de urgencia excede lo permitido por el artículo 118.19 de la Constitución, debido a que introduce una reforma estructural, permanente y compleja de una empresa estatal estratégica sin situación extraordinaria ni urgente, reemplazando indebidamente al Congreso y desnaturalizando la figura de los decretos de urgencia.
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La entidad agregó que no se acredita un peligro inminente en la empresa estatal que impida usar el procedimiento legislativo ordinario, debido a que las medidas son progresivas, requieren implementación técnica y reglamentación posterior, tienen efectos de mediano y largo plazo, y además introducen cambios permanentes en la organización y gestión de Petroperú, sin carácter transitorio ni plazo de vigencia limitada.
Asimismo, se argumentó que se vulnera el principio de separación de poderes, dado que ene este caso el Ejecutivo reemplazaría al Congreso en la definición de una política pública estructural sobre Petroperú.
El TC dispuso que la demanda se ponga en conocimiento de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional para que se apersone al proceso. Foto: TC/Difusión
