El Poder Judicial confirmó la autorización para levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y de un grupo de congresistas investigados en el caso denominado ‘Los Niños’, en el que se les atribuye presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por la congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, quien buscaba revocar la resolución emitida en abril de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.
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Dicho fallo había declarado fundado en parte el pedido del Ministerio Público para acceder a la información bancaria de los implicados, correspondiente al periodo entre el 21 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
Monteza argumentó que la medida vulneraba la inmunidad parlamentaria y el procedimiento especial para procesar a altos funcionarios, además de cuestionar la proporcionalidad y necesidad del requerimiento fiscal. También sostuvo que no se acreditó que la información bancaria fuera imprescindible para esclarecer los hechos.
Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que la legisladora no logró demostrar los agravios señalados ni desvirtuar los fundamentos de la resolución inicial. En ese sentido, ratificó la validez de la medida.
El tribunal precisó que la condición de congresista no impide que un parlamentario sea investigado por presuntos delitos, al señalar que dicha interpretación “carece de asidero legal” y no contraviene la Constitución ni las normas vigentes.
Asimismo, el colegiado destacó que el pedido fiscal se sustenta en suficientes elementos de convicción que configuran una sospecha razonable, y consideró que el levantamiento del secreto bancario es una medida idónea y necesaria para determinar o descartar las imputaciones.
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El caso ‘Los Niños’ involucra a Pedro Castillo y a varios congresistas, quienes son investigados por integrar una presunta organización criminal que habría operado durante su gobierno.
Según la Fiscalía de la Nación, este grupo de legisladores habría ofrecido respaldo político al entonces mandatario —incluyendo votos en contra de mociones de vacancia o censura y a favor de cuestiones de confianza— a cambio de obtener influencia en la designación o control de ministerios y entidades públicas descentralizadas.
En julio de 2025, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Castillo y los parlamentarios implicados, como parte de las investigaciones por este caso.
