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Por mayoría, el Pleno del Congreso aprobó las dos mociones de censura presentadas en contra del ministro del Interior, Vicente Romero, quien es criticado por su presunta incapacidad y falta de liderazgo en el sector para luchar contra la criminalidad.
Las propuestas, que fueron unificadas en un mismo documento, recibieron el respaldo de 75 legisladores, mientras que 28 las rechazaron y se registró 14 abstenciones.
Las bancadas que apoyaron en bloque la censura de Romero en el cargo fueron Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, mientras que Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y el Bloque Magisterial se dividieron al momento de la votación. Un grupo de estas cuatro bancadas rechazaron la propuesta, mientras que el otro se abstuvo.
Entre los legisladores que se abstuvieron figuran Jorge Montoya, Eduardo Salhuana, Diego Bazán, entre otros más.
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Tras aprobarse estas mociones, lo que corresponde es que el aún titular del Interior presente su renuncia al cargo y la presidenta Dina Boluarte, quien actualmente se encuentra de viaje en Estados Unidos para participar de la APEC, deberá aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes, según estipula el reglamento del Congreso.
En la víspera, Romero indicó que ningún funcionario público, especialmente los integrantes del Gabinete Ministerial, están librados de la fiscalización del Parlamento.
“Ellos (los congresistas) son los que el día de hoy tomarán la decisión y aceptaré y trabajaré hasta el último minuto”, dijo más temprano, tras precisar que no tenía ningún temor en dar un paso al costado.
Desde el Ejecutivo salieron en respaldo de Romero. Es más, el premier Albero Otárola instó al Parlamento a reflexionar y no censurar Romero; sin embargo, los legisladores hicieron caso omiso a su pedido.
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Posiciones a favor de la censura de Romero
Durante el debate la mayoría de los legisladores coincidieron en que ya era momento de censurar a Romero en el cargo.
La vocera de Perú Libre (PL), Margot Palacios, consideró que durante estos 11 meses que este estuvo al frente del sector los peruanos vivimos un experimento, así como cuestionó que no haya hecho ningún esfuerzo para sancionar a los policías responsables por las muertes registradas en las protestas en contra de Boluarte.
También lamentó que no haya sido capaz de enfrentar con éxito la inseguridad ciudadana que afecta el país.
“Hoy somos testigos de su total fracaso frente al Mininter, no ha tenido ninguna estrategia idónea para controlar la grave crisis social iniciada desde el 2022, pero sí para reprimir al pueblo peruano (…) tampoco ha sido capaz de controlar la inseguridad ciudadana, por el contrario, la delincuencia y criminalidad organizada se encuentra en constante crecimiento”, cuestionó.
En la misma línea, Eduardo Castillo, portavoz de Fuerza Popular, remarcó que “la censura de Romero no es un capricho político, sino que es un deber moral para salvaguardar a nuestra nación y proteger a nuestras familias”.
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El legislador cuestionó la falta de acciones concretas y efectivas por parte del Mininter para luchar contra la delincuencia transnacional, como, por ejemplo, la organización criminal ‘El Tren de Aragua’.
“¿Dónde están las estrategias para neutralizar esta amenaza?, ¿cuáles son las medidas implementadas para salvaguardar a nuestros ciudadanos de los estragos de esta estructura criminal? Hasta el momento las respuestas son solo excusas y narrativas vacías que carecen de todo contenido”, cuestionó.
Por su parte, Patricia Chirinos, de Avanza País, alertó que desde la guerra contra el terrorismo en los 80-90 el país no enfrenta una sensación de inseguridad y crisis tan grande.
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“Ese es el gran logro de este Gobierno, haber dejado que el país caiga en garras de la inseguridad, la delincuencia y el crimen. Han desamparado a nuestros compatriotas y le niegan el derecho a vivir en paz”, enfatizó.
La también presidenta de la comisión de Defensa reiteró que “ya es el momento de que Romero se vaya a su casa, se le acabaron las oportunidades”.
“El 94% de toda la población: es decir, 9 de cada 10 personas, son conscientes de que los estados de emergencia no funcionan”, enfatizó.
En tanto, Héctor Valer, de Somos Perú, y Sigrid Bazán, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, coincidieron en que el titular del sector debe ser censurado
“Vicente Romero asume el cargo el 13 de enero del 2023. Han pasado casi 10 meses de gestión y creo que nadie aquí puede ponerse de pie y nombrar un solo logro, una sola medida o una sola política pública en favor de los ciudadanos para mejorar las condiciones de seguridad en las que vivimos”, sostuvo Bazán.
Finalmente, Magaly Ruiz, de APP, añadió que también se deben sancionar a otros actores en sector, como los efectivos que trabajan en las comisarías. Cuestionó que en su región (La Libertad) las personas que acuden a denunciar haber sido extorsionados solo obtienen pretextos de estos servidores, maltratos y les exigen que muestren pruebas.
“La censura es una sanción política, pero nos preguntamos, ¿será esa la solución?, ¿eso estamos esperando?, pero qué sanciones hay para aquellos servidores de la PNP que maltratan a las víctimas, ¿qué hacemos con ellos? Deberíamos declarar en emergencia todo el sector y separar a los malos elementos que manchan a la institución”, apuntó.
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