El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, anunció que el Poder Ejecutivo ha reforzado la seguridad en las fronteras del país con una mayor presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ante la posibilidad de un conflicto en Venezuela que podría generar nuevas presiones migratorias o riesgos de seguridad.
Álvarez explicó que las medidas adoptadas por el Estado serán “proporcionales a la gravedad de la amenaza” y que el incremento del personal en zonas fronterizas —con patrullajes más visibles y coordinados entre fuerzas policiales y militares— busca prevenir cualquier impacto negativo que surja de una eventual confrontación bélica o incluso una guerra civil en el país vecino.
“Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos, pero eso significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”, señaló el premier.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, anunció que el Poder Ejecutivo ha reforzado la seguridad en las fronteras del país. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
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Postura peruana sobre la crisis venezolana
El jefe del Gabinete remarcó que el Perú no está interesado en acoger a personas vinculadas con las dictaduras de Hugo Chávez o Nicolás Maduro, señalando que la política del Ejecutivo se orienta a aliviar la crisis humanitaria que enfrentan los ciudadanos venezolanos y propiciar que puedan “retornar lo antes posible para ayudar a la reconstrucción de su patria”.
Esta declaración se da en un contexto de preocupación por una posible segunda ola migratoria que, de materializarse un conflicto mayor en Venezuela, podría ejercer presión sobre los sistemas de control fronterizo y los servicios públicos peruanos.
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Plan de Seguridad Ciudadana y Estado de Emergencia
En paralelo, Álvarez informó que el Plan de Seguridad Ciudadana anunciado por el presidente José Jerí está en su etapa final de revisión y se espera su culminación esta semana. Según el premier, este instrumento debe ser “serio y coherente”, con indicadores claros para evaluar su cumplimiento en función de una programación establecida.
Sobre la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, el premier detalló que se trata de una acción progresiva que busca resultados concretos hacia mayo o junio, y subrayó que la lucha contra la criminalidad “no se va a ganar en cuestión de semanas ni de meses”, sino que será un proceso que continuaría con el próximo gobierno.
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Reorganización del INPE y seguridad interna
Álvarez también abordó la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de las reformas en materia de seguridad ciudadana. Aclaró que este proceso no implicará despidos, sino una reconversión institucional para conformar una entidad más jerarquizada, eficiente y disciplinada.
El premier criticó la corrupción dentro del INPE, la cual —según dijo— ha facilitado el traslado irregular de reos de alta peligrosidad, y subrayó la necesidad de encerrar a los internos más peligrosos en prisiones de máxima seguridad, bajo supervisión permanente.
