Pedro Castillo: Preguntas y respuestas sobre sus investigaciones y recursos legales

El exmandatario, quien afrontará un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra, no solo ha recurrido a las instancias internacionales para recuperar su libertad, sino también se resiste a declarar ante la comisión de Fiscalización, que investiga el caso Anguía. En esta pesquisa se encuentran involucradas su esposa, Lilia Paredes, y su sobrina, Yenifer Paredes.

En esta nota responderemos a tres preguntas relacionadas a los recursos que presentó para afectar las investigaciones en su contra, así como las posibles consecuencias que podría tener por no colaborar con la justicia.

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¿La CIDH puede reponer a Pedro Castillo en la Presidencia de la República?

La semana pasada el abogado de Castillo, Walter Ayala, anunció en su cuenta de Twitter que presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que ordene la libertad de su patrocinado y su restitución como presidente.

“Ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrán novedades”, escribió el también exministro de Defensa en su cuenta de Twitter, adjuntando una copia del formulario de petición.

Tras conocerse esta noticia, el premier Alberto Otárola cuestionó que Castillo intente copiar los parámetros empleados por el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para ser repuesto como alcalde de Bogotá en abril de 2014.

“En la CIDH viene trabajando activamente un grupo de abogados, de extrema izquierda, que han defendido improntas en otros países. Han estado dando vueltas por el penal Barbadillo y pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte”, indicó tras precisar que sería catastrófico un escenario en el que la CIDH falle a favor de Castillo.

Otárola se refería a los abogados argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes en enero pasado acudieron al penal de Barbadillo para entrevistarse con el exmandatario. De acuerdo a la web del diario El Comercio, ambos juristas ya han sido acreditados como defensores de Castillo en tribunales internacionales.

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¿Procederá el pedido de Castillo? En diálogo con Gestión, el expresidente del tribunal Constitucional, Óscar Urviola, consideró que la solicitud realizada por Ayala será rechazada en la CIDH, al recordar que el proceso contra el expresidente por el golpe de Estado aún no ha terminado a nivel interno.

“Él (Walter Ayala) no puede saltar con garrocha las instancias que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico, porque la misma Constitución establece que, para acudir a la justicia internacional, hay que agotar la vía interna y la última y definitiva instancia, el Tribunal Constitucional. Entonces, mientras no se agote esta instancia, la jurisdicción internacional de la Corte IDH y de la CIDH es inaplicable”, remarcó.

Respecto al pedido para que la CIDH reponga Castillo en su cargo, Urviola señaló que eso es inviable debido a que dicho organismo internacional no tiene esa potestad.

“La CIDH no tiene esa competencia. Esto es una decisión, en todo caso, política. No se trata solo de los derechos fundamentales de Castillo, se trata de una decisión política de un órgano constitucionalmente autónomo, como es el Congreso, que decidió vacarlo en el cargo en el uso de una facultad que le reconoce la propia Constitución. La medida no contraviene la Convención Americana y menos la Carta Democrática”, acotó tras calificar el recurso interpuesto por Ayala como un “manotazo de ahogado”.

¿El Poder Judicial puede ordenar un segundo mandato de prisión preventiva contra Pedro Castillo?

Si bien Castillo actualmente afronta 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de diciembre pasado, el Ministerio Público formuló un nuevo pedido en su contra.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva, por 36 meses, que pesa contra el expresidente y los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

Esto, luego que el Pleno del Congreso aprobara la denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de estos tres exfuncionarios por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión y tráfico de influencias. El documento recibió el respaldo de 59 legisladores, mientras que 22 se opusieron y se registraron tres abstenciones.

La Fiscalía acusa a Castillo de ser el presunto cabecilla de una organización criminal que trabajó en las más altas esferas de poder, sobre todo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Dicha organización habría obtenido licitaciones concertadas en Provías Descentralizado y en Petroperú.

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Al respecto, el abogado penalista y docente de la Universidad de Lima, Carlos Caro, señaló que es perfectamente posible que se ordene una segunda prisión preventiva contra Castillo al recalcar que los procesos por organización criminal y golpe de Estado son paralelos.

“Por ejemplo, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tuvieron varias prisiones preventivas porque sus procesos eran diferentes y se resolvieron de forma independiente. Cada tema se investiga de forma paralela (…) si el Poder Judicial ordena los 36 meses de prisión preventiva contra Castillo por organización criminal, el plazo correrá de forma paralela al del golpe de Estado”, dijo a este diario.

En ese sentido, remarcó que si el Poder Judicial acepta el pedido de la Fiscalía, el exmandatario, al culminar los 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado (en mayo del 2024), continuaría recluido en el penal de Barbadillo debido a que aún le quedaría pendiente la ejecución del otro plazo (36 meses). “Aún le faltarían más de 20 meses de prisión preventiva”, añadió.

Caro consideró que hay fundamentos suficientes como para que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra Castillo por organización criminal. “Este es el caso madre y el que tiene más trabajo por parte de la Fiscalía (…) creo que el juez terminará dando 36 meses porque nos encontramos ante un caso complejo de organización criminal, que involucra a varios proyectos de infraestructura”, sostuvo.

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¿Pedro Castillo podría tener una sanción al no declarar ante la comisión de Fiscalización?

Por cuarta vez la comisión de Fiscalización, que preside Héctor Ventura, citó a Castillo para que declare, en calidad de testigo, en la investigación que se sigue por el caso Anguía y la presunta organización criminal que operaba en su Gobierno.

Si bien desde el penal Barbadillo, ubicada en Ate, informaron que Castillo y su abogado ya se habían conectado de manera virtual, minutos después trabajadores de dicho centro penitenciario precisaron que el expresidente no participará en la audiencia, lo que sorprendió a los miembros de la comisión. Tampoco llegó a conectarse su abogado, Eduardo Pachas.

En diálogo con la prensa, Ventura informó que Castillo no solo pasará a calidad de investigado, sino que también se solicitará el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de las comunicaciones. Además, dijo que será obligado a declarar, de acuerdo a ley.

Al respecto, el exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Congreso, Alejandro Rospigliosi, indicó que la comisión no puede obligar a declarar un investigado. “Si (Pedro) Castillo no quiere recibirlos, no hay nada que hacer. Tampoco se le puede torturar para que hable. Hay que tener en cuenta que estamos ante una comisión investigadora, no se trata de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene más peso”, dijo a Gestión.

El experto añadió que la comisión podría fijar una última fecha de citación y acudir al penal de Barbadillo para interrogar a Castillo. En caso este no quiera recibir al grupo, dijo que no se debe insistir más en el asunto. “Se termina la investigación, se elabora el informe final y se somete a votación en el Pleno, con las recomendaciones y conclusiones del caso. Eso sí, el expresidente no podría alegar después una afectación al debido proceso o al derecho de defensa”, acotó.

Rospigliosi también señaló que no se puede denunciar al expresidente por desacato, al recordar que los investigados pueden acogerse al derecho de guardar silencio. “Esto es lamentable, porque demuestra la falta de voluntad que tiene Castillo para aclarar las cosas, pero no se puede hacer más, como obligarlo a sentarse a declarar”, apuntó.

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