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El premier Alberto Otárola fue citado por tercera vez consecutiva a la comisión de Fiscalización para que, entre otras cosas, informe sobre el plan de prevención y contingencia que aplicará el Gobierno frente al fenómeno El Niño, así como que rinda cuentas por la denuncia que pesa en su contra respecto a que habría intercedido en las contrataciones de dos personas en el Estado.
Sin embargo, el titular del Consejo de Ministros no acudió al llamado del grupo de trabajo debido a que se encuentra en Estados Unidos para participar de una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En lugar de Otárola acudió al Congreso el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Paúl Caiguaray; sin embargo, la mayoría de legisladores exigían al presencia del premier.
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Al respecto, el presidente del grupo de trabajo, Wilson Quispe, cuestionó esta situación y adelantó que dará cuenta de las inasistencias del titular de la PCM ante el Consejo Directivo a fin de que se adopten las acciones del caso.
“Como comisión no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que prever y su ausencia es una falta de respeto a este poder del Estado democrático”, cuestionó.
El legislador de Perú Libre (PL) añadió que su grupo de trabajo “no puede ser ajeno a la problemática que afecta a la población” frente a las heladas en el sur del país. En ese sentido, dijo que es urgente la presencia de Otárola para que explique las acciones que están tomando frente a la sequía que ya está afectando gravemente a los agricultores y ganaderos.
En setiembre pasado Panorama reveló que dos amigas del premier visitaron su oficina en la PCM, en el Centro de Lima, y a los días obtuvieron jugosos contratos por varios miles de soles en el Estado. Se trata Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez.
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En el caso de Rivera Bermeo, una semana después de la reunión en la PCM consiguió dos contratos con Devida por un monto de S/ 54,000. En tanto, Pinedo Vásquez obtuvo dos órdenes de servicio en el sector Defensa por un monto de S/ 53,000.
Al ser consultado por RPP, Otárola indicó que conoció a ambas mujeres en una reunión “y que no las ha vuelto a ver más”. Sin embargo, Pinedo Vásquez afirmó todo lo contrario. Aseguró que conocer al premier desde hace muchos años atrás.
“Claro, pues, si no voy a tener un vínculo, como voy a asistir a hablar con él (Alberto Otárola)”, dijo a Panorama.
Plantean comisión investigadora de gobiernos regionales
En otro momento, la comisión puso a debate la propuesta para solicitar al Pleno facultades para investigar supuestos actos ilícitos en los gobiernos regionales y locales.
Se plantea indagar presuntos actos de corrupción, posibles ilícitos y actos irregulares por parte de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional, el mismo que se pondrá a votación en la siguiente sesión.
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Al respecto, el legislador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, se mostró a favor de que se investigue a los gobiernos regionales; no obstante, pidió que la moción no sea tan generalizada y se especifique a qué funcionarios y gobernadores regionales se quiere indagar.
“Hay que hacer algunos reajustes y especificar qué acciones administrativas o de control político van a ser materia de investigación. Se tiene que especificar los temas, si esto va ser de manera general va ser muy ambiguo, no nos va alcanzar el tiempo”, aseveró.
En tanto, Carlos Zeballos, de Podemos Perú, propuso que se investigue los gastos de todos gobiernos regionales del norte del país, que es la zona en donde se va invertir dinero para afrontar el fenómeno El Niño.
”Estamos hablando de S/ 3 mil millones, se vienen licitaciones para compra de maquinarias y otros insumos que se tienen que fiscalizar”, precisó.
Al igual que Ventura, Edgard Reymundo consideró que la moción debe tener ciertos lineamientos y parámetros para no ser genérica.
“Hay muchos gobiernos regionales, distritales y locales. Tenemos que ser más específicos a los temas que se requiere indagar”, apuntó.
Finalmente, Martha Moyano remarcó que no se puede crear una comisión investigadora para indagar a los gobiernos regionales, por el contrario, tiene que ir destinado a funcionarios.
“No se puede investigar a 29 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1894 distritos”, cuestionó.
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