En una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó el último miércoles la ley que otorga amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Esto, a pesar de las críticas y objeciones de diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales, entre ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, aseguró que dicha norma cierra una brecha de injusticia en el país contra personas que participaron en la lucha contra el terrorismo.
“Las organizaciones tienen todo el derecho de expresar sus opiniones, pero el Estado peruano también tiene la obligación de cerrar estas brechas y es lo que ha hecho la señora presidenta con todo el coraje y toda la determinación que hemos podido apreciar”, indicó esta mañana a TV Perú.
Recordó que la norma en mención beneficia a todos aquellos policías y militares que han estado procesados por acciones ocurridas entre los años 1980 al 2000, con casi 45 y 25 años de proceso sin que se emita una sentencia.
“Eso significa una grave violación a la dignidad de las personas y una grave violación a una garantía que la propia Corte IDH ha señalado y que nuestro Tribunal Constitucional ha recogido en el sentido del plazo razonable. Una persona no puede ser perseguida de por vida, no puede estar bajo sospecha de por vida”, cuestionó.
“Hemos visto casos de personas que se encuentran privadas de su libertad y que están en deplorables condiciones, han sufrido enfermedades, han tenido que sufrir amputaciones de algunos miembros, han perdido la vista. Una persona no puede estar en estas condiciones”, añadió el ministro.
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Tras entrar en vigencia la referida ley, Alcántara precisó que quienes deseen acogerse a este beneficio deben formular su pedido caso por caso a un juez competente, quien determinará si las personas que estaban detenidas puedan salir o no en libertad.
En ese sentido, estimó que serán aproximadamente 1,000 personas las que podrían beneficiarse con esta norma, tras hacer un cálculo preliminar.
“NO SIGNIFICA IMPUNIDAD, SINO JUSTICIA”
En otro momento, Alcántara negó que la ley que otorga amnistía a policías y militares significa impunidad frente a casos de violación de derechos humanos, “sino, por el contrario, es una norma de justicia”. Esto, al señalar que el Estado peruano no puede permitir persecuciones interminables.
“Esto demuestra una enorme falla de nuestro sistema judicial. Si no han podido establecer responsabilidades en persecuciones de 25 o 40 años, entonces es imposible que se continúe con esto”, cuestionó.
Respecto a las críticas de la Corte IDH a la promulgación de la ley, el titular del Minjus aseguró que la medida provisional que otorgó no cumplía con los requisitos previos para que procediera, por lo que se decidió promulgar la norma.
Recordó que los que se sientan afectados por su emisión pueden interponer los recursos que el ordenamiento peruano les otorga y recién allí la Corte IDH podría intervenir.
“Nosotros todavía somos parte integrante de la Corte IDH y, por tanto, estamos sujetos a las disposiciones que ellos den en ese sentido”, aseveró.
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