El expresidente Martín Vizcarra solicitó al Poder Judicial el cierre del proceso penal que afronta por el denominado caso Richard Swing, relacionado con la contratación de Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio.
A través de un escrito presentado por su defensa el pasado 15 de julio, el exmandatario pidió el sobreseimiento del caso al considerar que no existen pruebas que sustenten la acusación fiscal y que los hechos que se le imputan no constituyen delito.
Ese mismo día, su defensa también interpuso una excepción de improcedencia de acción con el objetivo de que el proceso sea archivado, además de una cuestión previa en la que cuestiona un presunto defecto formal en la acusación presentada por el Ministerio Público.
- LEA TAMBIÉN: Presentan acusación contra Martín Vizcarra por presunta intervención en contratación de Richard Cisneros
Por su parte, la exministra de Cultura Patricia Balbuena solicitó al Poder Judicial que declare fundado el requerimiento del fiscal adjunto supremo Eduardo Casaverde para archivar el extremo de la investigación referido al presunto delito de peculado doloso agravado por apropiación a favor de tercero. Asimismo, pidió que se rechace la pretensión de la Procuraduría General del Estado para que se le imponga el pago de una reparación civil.
Todos estos pedidos fueron presentados ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien deberá resolverlos durante la etapa intermedia del proceso. La audiencia de control del requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación fiscal fue programada para el próximo 18 de agosto a las 9:30 a.m., sesión en la que se evaluará si el caso reúne las condiciones para pasar a juicio oral.
Martín Vizcarra solicitó el sobreseimiento del proceso por el caso Richard Swing y cuestionó la acusación presentada por la Fiscalía. Foto: GEC / Julio Reaño
Acusación fiscal
El fiscal adjunto supremo Eduardo Casaverde formuló como pretensión principal una acusación contra Martín Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. En ese escenario, solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de seis años y diez meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 304 días multa, equivalentes a S/ 44,627.20.
De manera alternativa, el representante del Ministerio Público planteó una acusación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, para el cual solicita una condena de seis años y ocho meses de prisión, la misma inhabilitación por seis años y diez meses y el pago de 611 días multa, equivalente a S/ 89,694.80.
