José Tello: “Hay 20 inmuebles incautados por la presunta comisión de corrupción de funcionarios”

En esta segunda parte de la entrevista el titular del Minjus detalla qué hará su sector con los inmuebles incautados a personajes investigados por el Ministerio Público, como es el caso del expresidente Pedro Castillo, así como cuenta los planes que implementará para revertir la problemático de los centros penitenciarios.

-La Casa del jirón Sarratea (Breña) fue incautada por el Estado en el marco de la investigación por corrupción que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo, ¿cuántos otros inmuebles están en esa misma situación?

En este punto aproximadamente hay 20 inmuebles incautados por la presunta comisión de corrupción de funcionarios. Es importante dar un mensaje claro y contundente. Este inmueble, y todos los que incautemos en base al marco normativo del Pronabi, que nos permite la sesión en uso de estos bienes incautados, vamos a destinarlos a la lucha contra la corrupción, como lo estamos haciendo ahora. El inmueble que se entrega hoy día (perteneciente al empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu) es una clara muestra de eso.

-¿Cuántas instituciones están siendo beneficiadas con las sesiones de estos inmuebles?

Nosotros estamos coadyuvando el trabajo de la Procuraduría General del Estado en su lucha contra la corrupción, pero tenemos que coadyuvar en el trabajo de otras instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, los bomberos y los gobiernos regionales y locales. Las camionetas y vehículos que incautamos y entregamos pueden servir para determinadas zonas del país. Hay maquinaria pesada que ha sido incautada y que va a ser destinada a la descolmatación de ríos y tratamiento de carreteras, que pueden tener problemas por los huaycos y demás. También estamos coordinando mucho con diferentes instituciones, como el INEN y otros, para darles apoyo.

-¿En su sector qué organismo decide el uso que se le dará al inmueble incautado?

El Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) es el que define cuáles son los usos que se le tiene que dar a este tipo de bienes. Te complemento que las instituciones que reciben estos bienes tienen que establecer reglas claras respecto al uso que le darán a estos bienes. No pueden usarlo para cosas distintas al fin principal por el que se les entregó, eso es muy importante.

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-¿Qué pasa si estos organismos incumplen esta regla?

Por ejemplo, si tú asignas un inmueble a una determinada institución para oficinas administrativas no se le puede dar un uso residencial. Se genera un mal uso del bien y este es regresado al Pronabi y se sanciona a la entidad infractora. Hay también un control y seguimiento que se hace, hay que hacer una fiscalización del buen uso de estos inmuebles.

-¿De qué manera realizan la fiscalización del buen uso de estos inmuebles incautados?

Le damos un seguimiento. Por eso es que, justamente, estamos abriendo oficinas macrorregionales. Por ejemplo, en el norte hemos abierto una (oficina) en Chiclayo, que verá lo que corresponda a la entrega de bienes muebles e inmuebles del Pronabi en Piura, Tumbes, Cajamarca, Chiclayo y La libertad. Nosotros, desde Lambayeque, tenemos mapeado una buena parte del norte y así, por ejemplo, acabamos de abrir una oficina en Ayacucho, que comprende los departamentos de Apurímac, Junín y Huancavelica.

La problemática de los centros penitenciarios

-De acuerdo a un reporte del INPE, realizado en agosto del año pasado, el Perú cuenta con una capacidad de albergue de 41,018 reos en 68 penales en todo el país. En ese sentido, la población en las cárceles es de más del doble de su capacidad. ¿Qué piensa hacer su sector para revertir esta sobrepoblación y hacinamiento en los penales?

Desde el Ministerio de Justicia, en coordinación con el INPE, estamos trabajando en una mejora de la política nacional penitenciaria, pero entendamos algo. Se han escuchado cosas muy concretas, como el tema del hacinamiento, la sobrepoblación penitenciaria. Nosotros si, efectivamente, tenemos que hacer frente a este problema de hacinamiento y estamos trabajando justamente en base a la implementación de mejoras dentro de las propias cárceles existentes para que puedan mejorar en este tema. Tenemos, además, proyectos para la construcción de nuevos penales, que pronto van a ser anunciados.

-¿De cuántos penales más estamos hablando?

Estamos definiendo eso porque estamos hablando de una demanda adicional de fondos para poder atender estos proyectos de inversión pública, que son multianuales; o sea, que no se discute en un solo año. Una cárcel no se construye en un solo año, sino en cuatro años, en promedio. Entonces, estamos hablando de montos que todavía no podemos dar de manera exacta, porque todavía están en trámite en el Ministerio de Economía y Finanzas.

-Además de la construcción de nuevos penales, ¿qué otros planes tienen en mente para deshacinar las cárceles?

Estamos haciendo un trabajo en aras de mejorar el hacinamiento con la construcción de nuevos penales, pero también buscamos un mejor tratamiento de la población penitenciaria. En algunos casos, por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de hacer unos traslados de reclusos extranjeros a su país de origen para que puedan cumplir su condena allá, pero esto, por ejemplo, tiene una enorme traba.

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-¿Cuál es la traba?

Los países de origen de estos reclusos tienen que aceptarlos y pagar el traslado de estas personas. Entonces, todo puede parecer muy loable, pero finalmente las decisiones políticas de los estados de origen son los que nos podrían complicar en este esfuerzo, pero ahí estamos, tratando de que se pueda lograr eso. Muy en particular, por un tema de humanidad estas personas deben ir a su país de origen y cumplir su condena allá. Total, ya están sentenciados, pero eso es algo que forma parte de tener la política nacional penitenciaria muy ajustada a situaciones que hoy en día son reales.

-Mientras todo esto aún no se concreta, ¿están evaluando declarar en emergencia algunos centros penitenciarios, como Lurigancho, Castro Castro o Sarita Colonia?

No se descartaría la posibilidad, pero primero habría que medirlo bastante bien, porque estamos ahora en un etapa de diagnóstico. Hay que ser bastante prudentes en esas cosas porque estamos a tres meses de gestión. Entonces, nosotros todavía estamos en procesos que son de diagnósticos para tomar decisiones mucho más concretas y atender problemáticas. Si estamos midiendo todo el bloque, nosotros como Estado vamos a tratar de generar todas las mejoras en las condiciones carcelarias que se puedan lograr y, sobre todo, definir la política que queremos incidir, que es la resocialización.

-¿Cómo buscan implementar esa política?

Tenemos programas orientados hacia reos primarios, tenemos cárceles productivas que constituyen un boom frente a emprendimientos. Esos casos, por ejemplo, nos llevan a ver que la inversión que tenemos que hacer dentro de ese replanteamiento de la política penitenciaria del país tiene que ir hacia la resocialización, como un punto importante a tener en cuenta. O sea, podemos ver que, desde las cárceles, se pueden elaborar bienes que tienen mucha acogida en el mercado. Mucha gente no sabe que la marca “Cárcel” o “Lima la Gris” se hace en los penales, y esta ultima tiene bastante llegada a un público juvenil.

Extorsiones en los penales

-Pese a que en los centros penitenciarios colocan bloqueadores para evitar las llamadas al exterior, continúan las llamadas desde dichos recintos para extorsionar a empresarios y demás personas, ¿por qué no se puede poner fin a esta situación?

Nosotros, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), hemos anunciado una serie operativos. Obviamente, son requisas se hacen de manera inopinada, sorpresiva, porque tú no puedes decir ni adelantar que vas a hacer algo en los penales, porque no tendrá ningún tipo de efecto. Esto lo vamos a hacer de manera conjunta con los servicios de inteligencia de la Policía, para poder hacer el trabajo adecuado. Vemos que hay mucho que hacer en torno a eso y, ahora que tocas el tema de la problemática en las llamadas, hay que trabajar muchísimo porque es un tema que ha quedado como pendiente.

-¿De qué manera van a enfrentar esta problemática?

Estamos retomando el tema y hay que trabajar con las empresas que administran el servicio de bloqueos (de llamadas), pero ver realmente la efectividad de los mismos. Porque hay que ser bien claros en que se cuestiona, a veces, de que el bloqueo no es tan eficiente y eso tiene una razón de ser. Estamos viendo, por ejemplo, que en el caso del uso de la banda electromagnética a veces hay problemas. Puede ser que desde afuera, y hay evidencia de eso, hayan colocado antenas cerca de los penales que permiten romper los bloqueos para poder hacer llamadas. Hay que hacer un trabajo multisectorial, o sea, que comprometa al Ministerio del Interior, la Policía y el MTC, a las empresas privadas de telefonía y otras empresas, pero es un trabajo que todavía está en desarrollo. Estamos entrando en ese punto, porque nos parece un tema medular.

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-¿Cuántas mafias internas han registrado dentro de los penales?

Hay cierta información que recogen los servicios de inteligencia, pero entenderás que es clasificada. Muchos de ellos están vinculadas con la criminalidad organizada, así que estos procesos siguen un curso particular y no puede dar mayores detalles.

-¿Pero las tienen identificadas?

Se están tomando acciones. De hecho que están en investigación y no puedo dar mayores detalles, porque es reservado. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a tener resultados en el corto plazo, lo que va a dar satisfacción a la población, sobre todo, la tranquilidad.

Las extradiciones de Alejandro Toledo y César Hinostroza

-¿Hay algún temor en que esta serie de recursos presentados por Alejandro Toledo pueda frenar aún más su extradición al Perú?

Alejandro Toledo tiene que responder ante la justicia peruana. Cualquier acción que tome con su abogado es libre de hacerlo, ya que está ejerciendo su derecho de defensa en los Estados Unidos y nadie va a inculcar el ejercicio de su derecho de defensa. En ese sentido, el señor Toledo está haciendo lo propio con las autoridades estadounidenses, pero en lo que se refiere al Estado Peruano la Fiscalía está tramitando su extradición. En su momento, tanto el Ministerio del Interior, a través de la INTERPOL, y la Cancillería van ayudar a repatriar al señor Toledo y nosotros, desde el Minjus, nos encargaremos de recibirlo en el INPE.

-En julio del año pasado la Procuraduría Anticorrupción reveló que el exjuez César Hinostroza, quien afronta una investigación en el país por el caso “Cuellos Blancos del Puerto, se encuentra como no habido en España tras decretarse su detención para ser extraditado al Perú. Han transcurrido más de siete meses, ¿se sabe algo de su paradero?

Bueno, eso es algo que las autoridades españolas tienen que precisar

-Algunas rumores señalan que se habría fugado de España y podría haber huido a Bélgica. El exmagistrado se encontraba en Madrid con libertad provisional en vía de extradición...

Hay una labor que está realizando la INTERPOL, o sea, eso es algo que ya corresponde a otro sector, no es algo que debamos ver en el Minjus

-¿Se pedirá información a la embajada de Bélgica?

Te repito nuevamente, eso corresponde a la INTERPOL, que está realizando una labor de investigación en torno a este tema. Ellos responderán con las autoridades españolas, en fin. Se tendrá conocimiento en su momento.

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