La Fiscalía y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP allanaron este viernes las viviendas del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, de José Samané, exgerente de Gestión Electoral, de Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, y la sede de la empresa Galaga, tras las irregularidades y retrasos ocurridos el último 12 de abril, cuando se llevaron a cabo las elecciones generales.
La diligencia se realiza luego de que el Ministerio Público solicitara su detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a desarrollar la jornada electoral en dos días, debido a que el material no llegó a tiempo en el horario y día previsto.
A través de un comunicado, la Dircocor precisó que se ejecutan 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga.
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El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realiza una diligencia de allanamiento e incautación de celulares, laptops y documentos.
¿Qué delitos se imputarían?
Javier Pacheco, exprocurador anticorrupción, menciona que el Ministerio Público se asoma a investigar líneas de corrupción tras la denuncia del procurador del JNE y la Fiscalía Anticorrupción.
Pacheco señala que, si bien se pidió la detención preliminar, solo se autorizó el allanamiento que “tiene la finalidad de recoger pruebas como documentos y verificar todo lo necesario que confirme la teoría de la Fiscalía” a fin de esclarecer si Gálaga cumplió con el contrato que firmó.
En esa línea, adelantó a Canal N que el delito que se puede tipificar contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE es el de colusión porque el proveedor (Gálaga) habría concertado con el funcionario “para defraudar al Estado con perjuicio económico”.
Fiscalía recoge evidencias sobre irregularidades entre ONPE y Galaga. Foto: GEC
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Pacheco agrega que el proceso estaría teñido de irregularidades dado que Gálaga habría recibido “indebida calificación porque le pusieron puntajes que no correspondían, habiendo empresas con mejor capacidad operativa”.
Sobre las penas por colusión agravada, sostiene que la sanción puede ser de hasta 15 años de cárcel para los culpables.
