El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial (PJ) que apruebe el archivo del presunto delito de cohecho pasivo propio atribuido al prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, dentro del proceso penal por el caso “Antalsis”.
Este pedido fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que interviene en dicho proceso.
Ante este requerimiento, el juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó que se notifique a todas las partes procesales para que, en un plazo de 10 días hábiles, presenten los argumentos que consideren necesarios.
LEA TAMBIÉN: PNP sobre Vladimir Cerrón: No se puede tener su ubicación por la tecnología que usa
Mediante una resolución emitida el 10 de julio, a la que accedió RPP, el magistrado dispuso que, vencido ese plazo, citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales a una audiencia preliminar inaplazable, donde se debatirán los fundamentos del pedido de sobreseimiento antes de emitir la decisión correspondiente.
Cabe recordar que el 10 de abril, el juez Cristóbal Ayala archivó el delito de colusión agravada que la Fiscalía atribuía a Vladimir Cerrón en el caso “Antalsis”.
LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón solicita al PJ ser excluido del pago de reparación civil por colusión
El magistrado adoptó esta decisión al declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción del caso, que había solicitado el sobreseimiento o archivo de dicho delito por la causal de “sospecha insuficiente”.
Sin embargo, Vladimir Cerrón tiene una imputación vigente por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada, el cual también le atribuye la Fiscalía por el mismo caso.
LEA TAMBIÉN: Magistrado del TC respalda investigar presuntas irregularidades en trámite de demanda de Cerrón
El caso Antalsis es una investigación por presunta corrupción vinculada a la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad en la región Junín, durante la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador.
Según la Fiscalía, en este caso se habría evadido la normativa de contrataciones y causado un perjuicio superior a S/26 millones al Estado.
El juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó que se notifique a todas las partes procesales para que presenten los argumentos que consideren necesarios. Foto: Andina.
