La semana pasada inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros 17 acusados por los aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht (hoy Novonor) y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima (MML).
Para este proceso, el Equipo Especial Lava Jato presentó una lista de 378 testigos que deberán declarar en las audiencias; sin embargo, una nueva persona podría sumarse a la lista: el actual burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga.
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Así lo anunció el fiscal José Domingo Pérez, tras precisar que presentará una solicitud al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para que aprueben la incorporación del testimonio de López Aliaga al juicio oral.
En diálogo con RPP, explicó que es pertinente la declaración del líder de Renovación Popular (RP) debido a que este ha presentado un recurso ante la Fiscalía a fin de que se adopten ciertas medidas en relación a los peajes de Lima, que corresponden a la concesión de Rutas de Lima.
“Creo que también es pertinente que declare en juzgamiento en el caso de la señora Susana Villarán. Hay un estadío que se conoce como la prueba nueva en la que la Fiscalía va a procurar que se reciba también el testimonio del señor Rafael López Aliaga”, indicó la noche del último lunes.
Pérez recordó que el argumento principal del petitorio de la MML es que "el daño está presente en relación a esta concesión", por lo que consideró que sería pertinente que los jueces escuchen al alcalde.
“Eso es lo que vamos a procurar apenas ingresemos a la fase de ofrecimiento de prueba nueva. Esto debe ser de acá a dos semanas (...) creo que es pertinente y útil para la Fiscalía. Entiendo que la Procuraduría va a coadyuvar en este pedido”, acotó.
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RECHAZA PROPUESTA DE TOMÁS GÁLVEZ PARA DESACTIVAR EQUIPOS ESPECIALES
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que planteará ante la Junta de Fiscales Supremos (JFS) la desactivación los equipos especiales de la Fiscalía que se dedican exclusivamente a investigar casos determinados, entre ellos, el Equipo Especial Lava Jato.
Según dijo, estos equipos especiales generarían contradicciones con el propio diseño del trabajo del Ministerio Público. Además, denunció que estos grupos habrían ocasionado una politización y algunos criterios de persecución, por lo que “deberían desaparecer”.
Al respecto, Pérez calificó las declaraciones de Gálvez como actos de hostigamiento laboral, al considerar que descalifican la labor de los fiscales especiales y su trabajo en casos de alta relevancia.
“Esto lo voy a decir con absoluto respeto por la institución del Ministerio Público, a la que pertenezco. Estos son actos de hostigamiento laboral. Decir que los equipos especiales, dentro de los cuales está el equipo Lava Jato, son una estructura paralela, es denigrar la actuación que venimos realizando. Indicar que nuestro trabajo está orientado por criterios políticos es descalificar la labor que realizan los fiscales, sobre todo en los equipos especiales y, entiendo, en el caso Lava Jato, al que se estaba refiriendo”, cuestionó.
En ese sentido, sostuvo que decir que los equipos especiales actúan con motivaciones políticas implica denigrar su trabajo.
“Creo que tal vez alguna persona que esté fuera de la institución puede tener la capacidad de crítica en relación a nuestra labor. Pero quien está jefaturando en este momento el Ministerio Público al hacer esas afirmaciones, a mí no me queda lugar a dudas para poder afirmar que son actos a través de los cuáles nos están hostigando en nuestra labor. Es decir, perturban”, recalcó.
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