
Desde Ginebra, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por los procedimientos disciplinarios iniciados contra jueces peruanos que aplicaron normas internacionales de derechos humanos en casos vinculados a graves violaciones de derechos fundamentales.
A través de un pronunciamiento difundido desde Ginebra, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Bernard Duhaime, y la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtieron que estas medidas podrían afectar seriamente la independencia judicial.
“La apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas”, señalaron.
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Los expertos manifestaron además su respaldo a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz, así como a magistrados de la Corte Suprema que participaron en resoluciones relacionadas con casos de esterilizaciones forzadas.
Además, recuerdan que la mayoría de las solicitudes de amnistía o prescripción han sido rechazadas por los jueces peruanos, quienes han aplicado el derecho internacional de los derechos humanos mediante la doctrina del control de convencionalidad.

Especialistas de la ONU respaldan a magistrados peruanos
En ese contexto, exhortaron al Estado peruano y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a no iniciar ni continuar procedimientos disciplinarios contra magistrados por decisiones adoptadas en cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.
Los expertos señalaron además que estas resoluciones se encuentran actualmente bajo el escrutinio de la JNJ e instaron a dicho organismo a abstenerse de promover o proseguir procesos disciplinarios sustentados en la aplicación del derecho internacional.
Asimismo, los relatores instaron a la JNJ a abstenerse de iniciar o continuar procedimientos disciplinarios basados en motivaciones políticas y, en particular, aquellos relacionados con el cumplimiento de obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos.
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Los relatores también enfatizaron que el derecho internacional prohíbe la concesión de amnistías o indultos en casos de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos.
Los expertos recordaron además que los jueces no deben ser objeto de procesos penales ni de sanciones administrativas, económicas u otras por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus deberes profesionales, normas éticas y obligaciones jurídicas.
En ese sentido, reconocieron la labor de los jueces que hacen cumplir estas disposiciones y exhortaron al Estado peruano a revertir los retrocesos legislativos en materia de justicia transicional, fortalecer las garantías de acceso a la justicia y poner fin a los ataques contra magistrados que aplican estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, recordaron el caso del juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, quien no fue ratificado en su cargo por la JNJ, luego de participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.







