El Poder Ejecutivo emitió hoy un Decreto Supremo que dicta disposiciones complementarias en el marco de la Ley N° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de transporte de mercancías.
En el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM. se establecen medidas como que la Policía Nacional deberá otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario, de no mediar observación, el acceso a la citada base de datos sobre personas denunciadas por extorsión y sicariato.
Asimismo, indica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluará y establecerá las rutas, paraderos, terminales y vehículos de transporte público de personas y mercancías en los que se implementarán medidas de seguridad operativa, con el objetivo de fortalecer la continuidad y seguridad del servicio frente a riesgos derivados de actos delictivos.
Las medidas de seguridad operativa comprenden elementos tecnológicos como cámaras de videovigilancia y botones de pánico integrados al sistema C5i, sobre la base de mapas del delito y análisis de riesgo. Serán progresivas y se implementarán en función de la disponibilidad tecnológica y presupuestal.
“La División del Observatorio del Crimen del Comando de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú es la unidad responsable de la elaboración de mapas delictivos georreferenciados y el desarrollo de análisis de espaciotemporales orientados a identificar zonas críticas y a optimizar la planificación de operaciones preventivas y disuasivas”, precisa la norma.
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Medidas de respuesta y atención inmediata
En materia de respuesta inmediata, la norma dispone la implementación de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de las unidades especializadas en extorsión y sicariato.
En lo que corresponde a la protección de las víctimas, dispone la reserva de la denuncia y de la identidad del denunciante, canales de orientación, botones de pánico antiextorsión y patrullaje especializado.
“La Policía Nacional del Perú, en el marco de sus planes operativos, desarrolla otros mecanismos de protección preventivos para pasajeros, propietarios, conductores y familiares amenazados”, señala la norma.
También se establece la articulación permanente entre la Policía Nacional del Perú y las fiscalías especializadas, con el fin de optimizar las investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas a estos delitos.
Para garantizar la continuidad del servicio, la norma indica que el MTC, en coordinación con la PNP y otras autoridades competentes, podrá implementar rutas provisionales para garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte terrestre y evitar el desabastecimiento de productos y servicios esenciales.
En el ámbito de la reactivación, la norma contempla la creación de un fondo de apoyo financiero posdelito, atención psicológica a las víctimas, programas de reinserción laboral y la implementación del programa Ruta Segura Restablecida, destinado a financiar la reparación de infraestructura y equipamiento del transporte afectado por hechos delictivos.
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Más de 300 empresas paralizarán transporte público por inseguridad y ataques armados. (Foto: GEC)
Persecución patrimonial del delito
La norma también establece medidas de apoyo posterior al delito, como la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral.
De igual forma, se refuerza la extinción de dominio para golpear el patrimonio de las organizaciones criminales.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra a cargo de la implementación de la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 32490, para cuyo efecto, dentro del plazo de treinta (30) días calendario posterior a la vigencia de la presente norma, emite las disposiciones complementarias en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio", refiere el artículo 17.
Además, destaca la creación de un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que articulará investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF (GIES).
“En tanto se implemente el régimen especial del GIES, las entidades que la integran designan por encargo, en adición a sus funciones, a los integrantes; sin generar recursos adicionales o alguna categoría especial o beneficio a sus integrantes encargados”, señala el artículo 18.
