
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre los casos de Betbiary Díaz Coral y Margarita Yahuana Correa, ambas vinculadas a cuestionamientos sobre sus designaciones y permanencia en la institución.
“A ellas lo que le están cuestionando no es tanto si me conocen o no, porque si es de confianza se supone que yo las conozco”, mencionó.
“Entonces, la doctora que en ese entonces ocupó la adjuntía de la Salud recomendó un grupo de profesionales de experiencia para trabajar eso. Claro que dentro del concepto propio de la confianza. Trajeron los documentos de la señora Betzibary y, como todos los casos, no pasa por mi despacho: primero por Recursos Humanos, ellos hacen la calificación y lo traen para firmar”, detalló
El defensor dijo que apenas tomaron conocimiento del reportaje de Cuarto Poder, pidió que le entreguen los elementos de prueba, que es fundamental para todo proceso.
“Lo que he pedido: todos los contratos que acreditó en su currículum y que está y que ha sido inclusive entregado a la misma Contraloría”, agregó.
Gutiérrez indicó que la Ley de Idoneidad pide para ese puesto 5 años de experiencia general. “Eso ha sido llenado por el de Recursos Humanos, pero no ha considerado el Manual de Clasificador de Cargos (MCC), que tenía una valla más alta, de 7 años, y que es un documento interno”.
La declaración se produce luego de que se conocieran observaciones de la Contraloría General de la República relacionadas con los procesos de contratación y designación de personal durante la actual administración de la Defensoría del Pueblo.
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Cuestionamientos
Uno de los casos corresponde a Betbiary Mariel Díaz Coral, quien fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud. Según información difundida por Canal N a partir de un informe de control, la Contraloría cuestionó que no habría acreditado inicialmente los cuatro años de experiencia específica exigidos para ocupar el puesto.
El órgano de control señaló, además, que se habrían contabilizado periodos de experiencia que no estaban debidamente sustentados.

El otro caso en cuestión es el de Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó en la bancada parlamentaria a la que perteneció Gutiérrez y posteriormente ingresó a la Defensoría del Pueblo bajo el régimen CAS.
De acuerdo con el informe de control, Yahuana Correa participó en marzo del 2024 en un concurso interno para migrar al régimen laboral 728. La Contraloría observó que habría tenido acceso y habría procesado información relacionada con los concursos pese a que sus funciones no estaban vinculadas con los procesos de contratación de personal.
El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio las decisiones adoptadas durante la administración de Gutiérrez y el cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso y permanencia en determinados puestos de la Defensoría del Pueblo.







