
La Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que advierten una serie de carencias que afectan a la labor de la Policía Nacional del Perú - PNP en la lucha contra el crimen.
Para este reporte, denominado “Situación de las unidades a cargo de la prevención del delito: Supervisión Nacional a Comisarías Básicas de la Policía Nacional del Perú” se recogió información de 1,327 dependencias, entre octubre del 2024 y junio del 2025.
Por ejemplo, el 80% de las comisarías no tiene personal suficiente para brindar un servicio policial de calidad: se necesitan más de 600 oficiales, cerca de 17,000 suboficiales y más de 500 civiles para labores de recursos humanos en estos espacios.
Además, el 57% de las dependencias no posee efectivos suficientes para investigar delitos y el 77%, requiere más personal para tareas de patrullaje. Las regiones que más personal necesitan son Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura.
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La Defensoría advirtió que las comisarías requieren una nueva clasificación de categoría — de la letra A hasta la E— para su correcta identificación por ubicación geográfica y en pro de la eficacia en la prevención de delitos.
Tampoco se cumple con la ley de la PNP, en la que se exige que las comisarías estén a cargo de efectivos “con cierta categoría, jerarquía, grado y formación especializada“.

“Se constata una debilidad institucional grave en las comisarías para con la población, por la falta de liderazgo del comisario o de quien ocupa su cargo”, añadió la Defensoría.
La Defensoría señaló también que se necesita también fortalecer la interconexión e interoperabilidad en las comisarías básicas porque no todas tienen acceso a bases de datos como el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), Requisitorias, Reniec o antecedentes penales, entre otros.
Las principales carencias en las comisarías del Perú
- El 72% no tiene telefonía fija. La región más afectada es Cajamarca, con 103 dependencias y Lima, con 88.
- El 26% de comisarías no tiene internet. Cajamarca nuevamente encabeza la lista.
- El 74% de comisarías sí cuentan con el servicio de internet, pero se requiere la instalación de cerca de 5,000 puntos de red.
- Apenas el 21% de las comisarías posee una radio de comunicaciones. El 79% depende exclusivamente de celulares con señal intermitente o sin cobertura en algunas zonas.
- De este 21%, solo el 81% tiene un sistema TETRA, que permite establecer ubicación de vehículos y personal policial vía GPS, así como grupos de comunicaciones para una mejor coordinación.
- En 53 comisarías el personal paga con su dinero el servicio de agua potable, y en 11, el servicio de energía eléctrica.
- En 56 unidades el personal se encarga de costear el servicio de internet, y en 364, el personal de limpieza de baños es externo, cuyo pago lo realizan los propios efectivos.
- 231 comisarías tienen infraestructuras con 50 años o más de antigüedad, de las cuales 16 superan los 100 años. Predominan en Lima y Puno.
- 452 comisarías tienen un estado de conservación malo y 66 muy malo y 498 necesitan la reparación de sus pisos —y en 422, de estas, se exige el reemplazo de estos por su pésimo estado—.
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- En 521 comisarías se necesita la reparación de paredes, y en 434 de este universo, su reemplazo por el deterioro avanzado. En 422 urge el arreglo de techos y en 511, la construcción de uno nuevo.
- Solo 583 comisarías han solicitado en los últimos doce meses la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE): en 378 las visitó un inspector y solo a 166 les dieron el certificado ITSE.

- El 45.3% de la flota vehicular de las comisarías se encuentra inoperativa. El 23.5% de este total ha sido declarada inoperativa irrecuperable.
- El 68% de comisarías en el Perú requiere más unidades móviles. La brecha es de 2,772 motocicletas, más de 2,337 camionetas abiertas de cabina doble y 778 camionetas SUV cerradas, entre otros tipos de vehículos.
- El 43% de los vehículos no tiene seguro ante siniestros ni revisión técnica.
En paralelo, si bien las denuncias policiales se elevaron desde 2019 —de 451,801 a 694,701 en 2024— no se percibe una mejora en las capacidades operativas, investigación criminal ni atención al ciudadano.








