
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N.º 1703, mediante el cual se crea la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep), como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), con el objetivo de fortalecer y modernizar los servicios de defensa pública a nivel nacional.
La norma fue emitida en el marco de las facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley N.º 32527, que autorizó legislar en materia de seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.
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La Sunadep, contará con autonomía administrativa, funcional y económica, y tendrá como función principal garantizar el acceso a la justicia para personas de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, conforme a la Ley del Servicio de Defensa Pública.
Además de brindar asesoría y patrocinio legal gratuito, la entidad estará a cargo de conducir, regular y supervisar los servicios de conciliación extrajudicial y promover mecanismos alternativos de solución de conflictos.
El jefe de la superintendencia será designado por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia, y ejercerá como titular del pliego presupuestal. El cargo será remunerado, de dedicación exclusiva y de confianza.
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El decreto dispone la fusión por absorción de la actual Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh en la nueva superintendencia. El proceso de transferencia deberá culminar en un plazo máximo de 120 días calendario, prorrogable por el mismo periodo.
Durante la etapa de implementación, el Ministerio de Justicia garantizará la continuidad de los servicios y asumirá el financiamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Asimismo, se establece que la Sunadep se regirá por el régimen laboral del Servicio Civil y contará con órganos desconcentrados a nivel nacional.
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Cambios en normas sobre violencia y materia laboral
El decreto también modifica la Ley N.º 30364, sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para incorporar a la SUNADEP como entidad que brindará defensa complementaria a las víctimas cuando los Centros Emergencia Mujer no puedan prestar el servicio.
Del mismo modo, se actualiza la Nueva Ley Procesal del Trabajo para establecer que la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que trabajan tienen derecho a la defensa pública a cargo de la Sunadep.








