El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se pronunció este jueves a través de un audio difundido en su cuenta en Facebook, en el que reitera su inocencia ante las acusaciones de ser el cabecilla de una organización criminal involucrada en irregularidades en contrataciones públicas.
“Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto”, afirma Castillo en el mensaje, tres días después de que el Ministerio Público ejecutara allanamientos y detenciones en el marco del caso ‘Los socios del Callao‘.
El audio se difunde cuando Castillo lleva tres días como no habido y se supo que el Poder Judicial admitió a trámite una apelación para revocar su detención preliminar de 15 días, junto con las de otros implicados.
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En el pronunciamiento, Castillo describe los eventos que lo llevaron a su situación actual, incluyendo una hospitalización reciente y la notificación de la detención.
“El día 15, después de haber estado hospitalizado en una clínica privada por varios días, me llega la notificación de una detención preliminar dictada por la tercera sala anticorrupción de la Fiscalía del Callao, con la acusación es de ser el cabecilla de una organización criminal”, detalla.
Castillo califica la medida como un atropello que viola el debido proceso y daña su reputación, familia y gestión administrativa.
En su audio, Castillo cuestiona la validez de la acusación, destacando que el expediente fue devuelto desde Lima por falta de fundamentos de crimen organizado, pero procedió en el Callao.
“El mismo fiscal de la tercera sala anticorrupción del Callao envía en consulta el expediente a Lima. En Lima llega a la sala de crimen organizado y de la misma retornan el expediente porque consideran que no contiene fundamentos de crimen organizado; y cuando llega al Callao se acusa de crimen organizado y se ordena mi detención”, señala, sugiriendo posibles intereses ocultos.
Cabe mencionar que, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó Ciro Castillo para dejar sin efecto la orden de detención preliminar por 15 días que se dictó en su contra.
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Detalles del caso ‘Los socios del Callao’
Según la Fiscalía, la investigación apunta a una presunta organización criminal que operó en el 2023, evitando procesos de selección legales y direccionando más de 60 contrataciones públicas en el Gobierno Regional del Callao (GORE) y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED), con un perjuicio económico al Estado de S/1′461,121.10.
Los implicados, incluyendo funcionarios y servidores públicos, habrían favorecido a proveedores como Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez mediante contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias.
La Fiscalía precisa que Ciro Castillo habría participado “de manera coordinada y permanente” en tres hechos delictivos: 37 contrataciones por S/874,575 a favor de Blanco Cabrera, 19 por S/518,525 a Moscaisa Gutiérrez en el GORE, y 7 por S/68,021.10 en el CAFED.
Como gobernador, Castillo sería responsable de designar a Jimmy Alexander Whu Cárdenas como asesor FAG y a Hiromi Zúñiga Jauregui como jefa de la Oficina de Logística, quienes compartirían el liderazgo de la organización.
“Whu Cárdenas habría sido ‘la caja chica del gobernador regional [...], cuyos proveedores eran definidos por Zúñiga Jauregui [...] y otros funcionarios de dicha oficina’”, indica el Ministerio Público, basándose en testimonios e informes del Órgano de Control Institucional.
El operativo del último lunes incluyó allanamientos a 27 inmuebles, detención preliminar de cuatro funcionarios inicialmente, y órdenes de captura para Castillo y otros no habidos. El general PNP Luis Alberto Lira Limo, director de la Dircocor, reportó que Castillo fue visto por última vez en una actividad pública hace cuatro días antes del allanamiento.
Respuesta de la defensa de Ciro Castillo
Humberto Abanto, abogado de Castillo, ha rechazado las imputaciones, argumentando inconsistencias en la resolución fiscal. En diálogo con RPP, Abanto afirmó que la Fiscalía no presentó “datos objetivos” y que la investigación secreta de ocho meses viola el derecho a la defensa, ya que la ley exige notificación a los 20 días.
“Hay varias inconsistencias. En la contratación del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) quien aprueba es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, remarcó, cuestionando las designaciones imputadas.
Abanto también negó que Castillo haya viajado al extranjero, asegurando que “tiene que estar en el Perú”, y atribuyó su ausencia durante el allanamiento a problemas de salud, como artrosis deformante que lo llevó a una clínica dos días antes.
El abogado criticó la falta de notificación de la orden de allanamiento, que resultó infructuosa, y anunció una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra el fiscal Wils Gonzáles Morales y el juez Edie Solórzano Huaraz por atropellos procesales.
