Tomás Gálvez fue elegido como fiscal de la Nación titular. Hasta hace poco ocupaba el cargo de manera interina. Foto: GEC.
Tomás Gálvez fue elegido como fiscal de la Nación titular. Hasta hace poco ocupaba el cargo de manera interina. Foto: GEC.

El expresó su rechazo a la reciente elección de como titular del Ministerio Público para el periodo 2026-2029, al considerar que su designación se produce en un contexto marcado por “graves investigaciones penales pendientes”.

A través de un pronunciamiento oficial, el gremio manifestó su “profunda preocupación” por lo que califica como una afectación a la institucionalidad democrática y a la legitimidad de una de las principales entidades del sistema de justicia.

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La elección, concretada en sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, ocurre además en medio de un escenario de alta tensión, tras la polémica salida de la exfiscal de la Nación , ahora decana del Colegio de Abogados de Lima.

Para el CAL, este contexto agrava la controversia, ya que el nuevo titular del enfrenta cuestionamientos legales que, según advierten, no tienen precedentes en la historia reciente de la institución.

En su comunicado, el gremio alertó que resulta “alarmante” que la representación de la Fiscalía recaiga en magistrados con investigaciones en curso, lo que, a su juicio, debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

“Las candidaturas a dicho cargo honorífico recayeron en fiscales supremos que afrontan serios cuestionamientos legales, incluido el propio señor Gálvez”, señaló la institución.

El enfatizó que el nombramiento “colisiona con la defensa de la legalidad”, principio que rige la función fiscal, y recordó que los fiscales supremos deben constituir el más alto ejemplo de respeto a las normas. En esa línea, advirtió que la designación podría interpretarse como un acto contrario al ordenamiento jurídico vigente.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a preservar la institucionalidad del Ministerio Público y a garantizar que sus autoridades cuenten con la idoneidad ética y legal necesaria para ejercer funciones en un contexto de alta exigencia pública.

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