El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional del Poder Judicial admitió a trámite el hábeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) a favor del suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por el presunto homicidio calificado contra Eduardo Ruiz.
La resolución fue registrada el pasado 20 de octubre, abriendo paso a una revisión judicial sobre la legalidad de la medida restrictiva de libertad dictada en su contra.
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El recurso constitucional busca anular la orden de detención preliminar por siete días, dispuesta por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al considerar que vulnera la Ley N.º 32181, norma que ampara la actuación policial cuando el agente hace uso de su arma reglamentaria en el cumplimiento de sus funciones.
Según la demanda, presentada por el abogado Jesús Poma Zamudio, la resolución judicial que dispuso la detención del suboficial “ignoró de forma expresa” la aplicación de dicha norma, pese a que la defensa la invocó durante la audiencia.
“La ley prohíbe dictar detención preliminar contra miembros activos de la PNP que usan su arma reglamentaria en servicio. Lo correcto hubiese sido dictar medidas menos gravosas, como comparecencia con restricciones”, sostiene el documento.
La Ley 32181, promulgada en 2023, establece la presunción de inocencia y la protección jurídica de los policías que intervienen en actos de servicio, siempre que no se acredite abuso o extralimitación.
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El hábeas corpus fue interpuesto contra el juez Abel Centeno Estrada, quien dictó la orden de detención, y contra el fiscal Roger Yana Yanqui, integrante de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que solicitó la medida.
IDL-POL argumenta que la actuación del Ministerio Público vulneró el marco legal vigente, al no reconocer las garantías establecidas para las intervenciones policiales. Según la defensa, esto constituiría un acto inconstitucional que afecta los derechos del suboficial Magallanes.
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El caso ha reavivado el debate sobre los alcances y límites del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el cumplimiento del deber.
Mientras entidades legales como IDL-POL defienden la aplicación de la Ley 32181 como un mecanismo de protección institucional, sectores de derechos humanos advierten que esta no debe interpretarse como una carta blanca para el uso de la violencia.
En los próximos días, el Poder Judicial deberá evaluar el fondo del recurso y determinar si la detención de Magallanes se ajustó a la ley o si, como sostiene la defensa, se vulneraron sus derechos constitucionales.
