El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará este viernes 13 de marzo una demanda que solicita ordenar al Estado peruano conceder un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, para que pueda salir del país con destino a esa nación.
El recurso fue presentado por el ciudadano Rubén Serpa Valdez mediante un hábeas corpus preventivo a favor de la sede diplomática mexicana. La acción busca que se disponga la entrega inmediata del salvoconducto que permita el traslado de la exministra, quien permanece en la embajada tras recibir asilo diplomático.
La demanda fue interpuesta contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, por una presunta vulneración de la libertad personal y derechos conexos.
LEA TAMBIÉN: Brasil asumirá representación diplomática de México en Perú, ¿qué pasará con Betssy Chávez?
Asimismo, el demandante solicitó que se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional abstenerse de realizar cualquier acción de ingreso, captura o intervención dentro del recinto diplomático. También pidió que se dicten medidas urgentes de protección para garantizar la inviolabilidad de la embajada.
La audiencia para evaluar este pedido fue programada para el viernes 13 de marzo a las 10:30 a.m. y se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.
La ex primera ministra Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima mientras se resuelve el pedido judicial para que se le conceda un salvoconducto que le permita salir del país. Foto: Composición Gestión.
Betssy Chávez ingresó a la sede diplomática antes de que se emitiera la sentencia en su contra por su participación en el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022). Posteriormente, el Gobierno de México formalizó el otorgamiento de asilo diplomático el 3 de noviembre de 2025.
Semanas después, el 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la condenó a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, ordenando además su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
LEA TAMBIÉN: PJ aprueba iniciar investigación a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares
Tras la decisión de México de conceder el asilo, el Gobierno peruano anunció ese mismo 3 de noviembre la ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país, al considerar la medida como un acto “inamistoso” e intervencionista.
Hasta ahora, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría a Chávez abandonar el territorio nacional, por lo que continúa vigente la orden de captura en su contra.
