
La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi realizará este lunes 31 de agosto un remate público de 30 bienes inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali. Los predios fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.
La subasta comenzará a las 8:45 a.m. y se desarrollará en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la avenida Del Aire 384, San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.
Entre los bienes incluidos en el remate figuran departamentos, terrenos, locales comerciales, estacionamientos y casas, con precios de partida que varían según el inmueble.
Por ejemplo, un departamento se ofrece desde S/ 166,272.47, mientras que un estacionamiento tiene un precio de partida desde S/ 13,280.40. En el caso de una casa, el valor parte desde S/ 43,323.52.
Los interesados pueden consultar las características, ubicación, precios y demás detalles de los inmuebles incluidos en la subasta en el catálogo oficial del remate.

¿Cómo participar?
Los interesados en participar como postores deberán presentarse como mínimo 20 minutos antes de la hora establecida para el inicio del remate y portar su DNI vigente.
Asimismo, deberán acreditar un monto equivalente a no menos del 10% del valor de tasación del inmueble por el que desean pujar. Este requisito podrá cumplirse en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
En caso de que una persona participe en representación de una persona natural o jurídica, deberá presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.
Para realizar consultas sobre el proceso, los interesados pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, al celular 959 600 795 o al correo ejecucion@indecopi.gob.pe.
El Indecopi señaló que el cumplimiento de las normas relacionadas con la protección de los consumidores y la propiedad intelectual permite a empresas y emprendedores evitar sanciones que, ante el incumplimiento de pago, pueden derivar en embargos y posteriores remates de bienes.







