El Ejecutivo oficializó una nueva disposición que permite el retiro de personal del servicio exterior en contextos de riesgo. La medida busca resguardar la seguridad de funcionarios y sus familias ante el incremento de conflictos en distintas regiones del mundo.
A través del Decreto Supremo N.° 016-2026-RE, se establecen lineamientos para proteger a quienes laboran en representaciones del Perú en el extranjero. La norma contempla acciones específicas cuando se presenten escenarios de alta peligrosidad que comprometan la integridad de los trabajadores.
La decisión se adopta en un contexto marcado por la intensificación de tensiones en Medio Oriente. El objetivo es evitar que el personal diplomático permanezca en zonas donde su seguridad pueda verse afectada por hechos como enfrentamientos armados o crisis sociales.
El documento autoriza el repliegue o traslado de funcionarios, servidores, embajadores y agregados. Esta disposición también alcanza a sus cónyuges e hijos, quienes podrán salir de los países en conflicto cuando se determine que existe un riesgo significativo.
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Consideraciones de la medida
El decreto también señala que la aprobación del retiro no se ejecuta de manera automática, ya que requiere una evaluación previa. Esta revisión está a cargo de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que analiza cada caso para verificar si el peligro es real o inminente.
La norma incluye a personal que se encuentra bajo regímenes especiales dentro del servicio diplomático. De esta manera, se amplía la cobertura de protección a distintos grupos que forman parte de las misiones en el exterior.
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Decreto Supremo permite el traslado de trabajadores del servicio exterior desde países con guerra o crisis. (Foto de AFP).
En relación con el financiamiento, se establece que los gastos serán asumidos con el presupuesto institucional. También se dispone la entrega de pasajes y apoyo logístico para facilitar la salida ordenada de las personas afectadas.
El procedimiento comienza con una solicitud formal de repliegue presentada por los propios funcionarios o servidores. Luego de ello, se realiza la evaluación correspondiente para determinar si procede la autorización del traslado.
El texto además contempla medidas vinculadas al entorno familiar de los trabajadores. Ello para garantizar la permanencia de la unidad familiar durante el proceso y se consideran condiciones para el bienestar de los dependientes y el desarrollo de los cónyuges.
