El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que rechazó el pedido de detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.
La medida también alcanza a los exfuncionarios del organismo electoral José Edilberto Zamamé y Juan Antonio Fán Sánchez, así como a Juan Chávez Alvarado Fuyo, representante de la empresa Gálaga S.A.C., quienes son investigados por presuntas irregularidades registradas en los comicios del pasado 12 de abril.
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Según la Fiscalía, los involucrados habrían incurrido en los delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Argumentos en disputa
El pedido de detención preliminar por siete días fue formalizado el 21 de abril. No obstante, el juzgado declaró infundada la solicitud y optó únicamente por autorizar diligencias como el allanamiento e incautación de equipos electrónicos y documentos vinculados al caso.
La Fiscalía sostuvo que existía riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación, argumentando que la salida de Corvetto de la ONPE “no implica la desaparición automática” del riesgo procesal.
Sin embargo, el juez Manuel Chuyo consideró que, al no mantener vínculo laboral con la institución, los investigados no tendrían la capacidad de interferir en la recopilación de información por parte del Ministerio Público. Asimismo, concluyó que los elementos presentados no acreditaban de forma suficiente un riesgo concreto de fuga.
Fiscalía apeló la decisión judicial que rechazó dictar detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril. Foto: Andina.
Renuncia abogado de Corvetto
En paralelo al avance del proceso, el abogado Ricardo Sánchez Carranza formalizó su renuncia a la defensa legal de Corvetto, alegando motivos personales.
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El documento fue remitido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, donde el letrado solicitó además dejar sin efecto su domicilio procesal y las casillas electrónicas consignadas en el expediente.
La salida de la defensa se produce en un contexto en el que la Fiscalía evalúa medidas adicionales contra el exfuncionario, como el impedimento de salida del país.
El trámite de la renuncia deberá seguir los plazos establecidos para garantizar que el investigado cuente con representación legal durante el desarrollo del proceso.
