La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso la suspensión por nueve meses del fiscal superior de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, por declaraciones que ofreció a medios de comunicación en 2023 relacionadas con el proceso judicial contra el expresidente Alejandro Toledo.
La medida fue establecida en una resolución emitida el 17 de febrero de 2026, en la que el órgano disciplinario concluyó que el magistrado incurrió en faltas vinculadas a principios éticos y disposiciones de la Ley de la Carrera Fiscal.
Según el documento, se evaluaron tres episodios ocurridos en abril de 2023, poco después de la extradición de Toledo desde Estados Unidos al Perú.
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El primero corresponde a una entrevista concedida el 23 de abril de ese año al programa dominical Panorama, en la que el fiscal señaló que el exmandatario “no tiene cómo justificar” la posesión de 15 millones de dólares. Para la fiscal de la ANC, Giuliana Ortiz Zavaleta, dichas expresiones constituyeron un pronunciamiento público sobre la situación del investigado antes de que existiera una sentencia judicial.
En la resolución se sostiene que esas afirmaciones configuraron una “condena mediática”, motivo por el cual se impuso una sanción de un mes de suspensión.
Otras intervenciones ante la prensa
El órgano de control también determinó que el fiscal brindó declaraciones a medios los días 23 y 24 de abril de 2023 sin contar con la autorización institucional correspondiente, lo que contravendría las normas que regulan la relación de los fiscales con la prensa. Por este hecho se estableció una sanción adicional de cuatro meses de suspensión.
Asimismo, la resolución señala que el 24 de abril de ese año Vela ofreció una entrevista a una emisora radial durante su horario laboral, lo que fue considerado una falta adicional. Por este episodio se dispuso otros cuatro meses de suspensión.
Con estas tres sanciones, el periodo total de suspensión asciende a nueve meses.
Fuentes citadas por Perú21 indicaron que el fiscal presentó una apelación contra la medida, por lo que su separación del cargo solo se hará efectiva si la decisión es confirmada en segunda instancia por la propia Autoridad Nacional de Control.
Propuesta de destitución
En el mismo documento, el órgano disciplinario plantea además la destitución de Vela por otras declaraciones públicas. Entre ellas se incluyen comentarios críticos hacia el equipo especial que investigó inicialmente el caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro.
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Según la resolución, el fiscal sostuvo que dicho grupo debió solicitar prisión preventiva contra el exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata antes de que abandonara el país en enero de 2017.
Asimismo, se evaluaron expresiones dirigidas contra la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien cuestionó por su presencia durante las diligencias realizadas tras la llegada de Toledo al Perú en abril de 2023.
Rafael Vela sobre suspensión
El fiscal superior Rafael Vela Barba calificó como una “retaliación” la suspensión de nueve meses que le impuso la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), asegurando que la medida busca intimidar a otros fiscales y apartar a quienes han enfrentado al poder en algún momento.
La sanción fue aplicada por las declaraciones que Vela brindó a diversos medios durante el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, en abril de 2023. Según el excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, las declaraciones no violaron ninguna reserva del caso, ya que en ese momento las acusaciones fiscales eran públicas y Toledo posteriormente fue condenado.
“La llegada del señor Toledo implicaba la necesidad de una voceduría para explicar cómo se había realizado su entrega desde Estados Unidos y cómo se iba a tramitar su llegada procesalmente. Esto implicaba necesariamente una explicación pública del proceso, y no había ninguna reserva en ese momento”, afirmó Vela en RPP.
El fiscal señaló que la medida de la ANC tendría un efecto intimidatorio sobre los integrantes del Ministerio Público. “Hay una consigna: apartar a los fiscales que enfrentaron al poder y enviar un mensaje de terror para que nadie se atreva a volver a hacerlo. Actualmente no estoy vinculado al caso Lava Jato, pero estuve durante mucho tiempo, y esto constituye un mensaje de este tipo de autoridades”, explicó.
Vela también cuestionó al jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, quien está siendo investigado en el marco del caso Valkiria, que involucra a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por presunto crimen organizado. Según el fiscal, la sanción que le aplicaron en 2023 obedeció a “una conspiración criminal” que involucraría a Fernández Jerí, Benavides y otros funcionarios.
“El señor Fernández Jerí sigue activo en la investigación, lo que compromete la imparcialidad en mi caso. La suspensión de 2023 ya fue declarada nula por la Corte Superior de Justicia Constitucional de Lima, y se debería garantizar que quienes participaron en aquella decisión se aparten del proceso actual”, señaló Vela.
El fiscal superior ha presentado un recurso de apelación contra la decisión administrativa de la ANC, con lo que buscará revertir la suspensión y cuestionar los motivos que, según él, están detrás de la medida.
