
El Gobierno propone implementar un régimen de responsabilidad penal diferenciado y de seguridad reforzada para adolescentes de alta peligrosidad, como parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso.
La iniciativa plantea trasladar a módulos especializados, con mayor control y vigilancia, a adolescentes que hayan cometido delitos graves o estén vinculados a perfiles de crimen organizado.
El objetivo es evitar que compartan espacios con jóvenes que cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores o sin antecedentes delictivos.
Al respecto, el Ejecutivo pidió la autorización para modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a fin de incorporar una clasificación basada en criterios de edad, gravedad de la infracción y perfil criminológico.
La propuesta también plantea reforzar la rehabilitación y reinserción mediante la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), adaptado a las características y entorno de cada adolescente.
Además de fortalecer los programas sociolaborales y el acompañamiento tras su salida de los centros juveniles para facilitar su acceso a educación, salud y empleo y reducir el riesgo de reincidencia.
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“La misión de los centros juveniles es rehabilitar y reinsertar a los adolescentes a la sociedad, pero muchas veces esto no se cumple y los menores son captados por bandas criminales, convirtiéndolos en delincuentes de alta peligrosidad. Esto tiene que parar”, indicó.
Adolescentes retenidos en flagrancia
Datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público muestran que, entre enero y mayo de este año, 2,640 adolescentes de 14 a 17 años fueron retenidos en flagrancia.
A ello se suman 41 menores de entre 10 y 13 años intervenidos bajo medidas de protección. Del total de casos registrados, alrededor del 90% corresponde a varones.








