En el año 2006, hace dos décadas, entre la primera y la segunda vuelta electoral en la que competían Alan García y Ollanta Humala, un amigo común me invitó a una cena con García. Quien ejerció la presidencia en el quinquenio 2006-2011 quería conocer mi opinión como exjefe de la Sunat de cuál era el estado de las finanzas públicas, particularmente de la recaudación y del déficit del sector público. Le dije que si ganaba la elección sería afortunado porque su Gobierno gozaría de una situación fiscal boyante debido a que los precios de los minerales estaban en niveles históricamente elevados. Y en efecto así fue, durante dicho periodo no solo se pudo elevar el gasto en inversión pública por encima del 5% del PBI, sino que tuvimos superávits fiscales por primera vez en la historia desde que existen registros en el Banco Central de Reserva y la deuda pública se redujo de manera significativa.
Exactamente veinte años después hay un evento, cuyo impacto en las finanzas públicas, la mayor parte de analistas no está considerando: los precios de los metales han crecido considerablemente en los dos últimos años y con mayor fuerza en los últimos seis meses. El precio promedio del cobre subió 8% en el 2025 y se encamina a crecer 35% este año. El del oro ha crecido 44% y 30%, respectivamente. El de la plata 42% y 80%. Incluso el del zinc ha aumentado 3% y 20% en estos años. Esto significa que el Gobierno de Keiko Fujimori, en cuanto a magnitud de recursos fiscales, será más afortunado inclusive que el Gobierno de García debido a que los precios de los metales superan largamente a los del periodo 2006-2011.
Como suelo decirles a mis alumnos, a los peruanos se nos vuelve a aparecer la virgen cada cierto tiempo, como en el 2006 y antes en 1980. Justo cuando creemos que los problemas fiscales nos han alcanzado, un ciclo excepcional de precios nos alcanza un respiro. Parece que es un milagro divino, pero es la fortuna de un país rico en recursos naturales. Es como si la bonanza minera pudiera disimular los desequilibrios fiscales creados en el último quinquenio.
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Esta bonanza ya está impactando favorablemente en las finanzas públicas: En el 2025 se pudo cumplir con la regla fiscal del déficit, el cual fue equivalente al 2.2% del PBI. Este año, a mayo el déficit fiscal es equivalente a 1.6% del PBI y ya se encuentra por debajo del techo que establece la regla fiscal para este 2026 (1.8% del PBI). Estimo que, aunque el nuevo Gobierno necesitará gastar más para enfrentar al fenómeno de El Niño, la regla fiscal se cumplirá con comodidad.
La reducción del déficit fiscal se debe en buena medida a que la recaudación que proviene de la minería está en aumento y con ello los ingresos totales. La recaudación podría crecer aún más, pero los ingresos tributarios no mineros están estancados o incluso en declive. Esto se debe al festival de beneficios tributarios otorgados por el Congreso y a que la Sunat no ha podido disminuir la brecha de evasión tributaria. Como algunos críticos han señalado, la institución se ha dedicado a construir edificios y a incrementar personal.
Los precios de los metales han crecido considerablemente en los dos últimos años y con mayor fuerza en los últimos seis meses.(Foto de DAVID GRAY / AFP).
También se debe a algunos maquillajes para financiar el hueco que genera Petroperú. En el 2025 hubo apoyo directo del Tesoro, vía capitalizaciones y asunción de deuda. Este año la situación calamitosa de la empresa se cubrirá con crédito con garantía del Tesoro, es decir de los contribuyentes y esta modalidad no se refleja inmediatamente en el déficit fiscal, solo cuando la empresa no pague y se ejecuten las garantías.
Finalmente, la reducción también se debe a un ajuste en la ejecución de la inversión pública.
Pero la bonanza minera no soluciona el problema fiscal estructural, solo lo oculta temporalmente. El FMI en su última visita ha estimado el déficit estructural, aquel que excluye el efecto de la bonanza minera sobre los ingresos en más de 3% del PBI.
Sin embargo, el Gobierno de Keiko Fujimori que gozará de esta bonanza financiera que trae la divinidad no la tendrá tan fácil como el Gobierno de García de hace 20 años. Hoy existen riesgos que hace 20 años eran mucho menores: el fenómeno de El Niño ad-portas, una institucionalidad debilitada, un crecimiento potencial más bajo y las “bombas de tiempo” del gasto y los ingresos fiscales. Ello sin contar con el país fragmentado que hereda. Lo paradójico es que, salvo los factores climáticos, su partido político, desde el Congreso de la República, ha contribuido a crear estos riesgos.
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El Gobierno de Keiko Fujimori si quiere gozar plenamente de la bonanza financiera tendrá que optar entre dos opciones de política pública:
- Disfrutar de los mayores ingresos fiscales haciendo obra pública y afrontando los riesgos, pero sin realizar reformas fiscales importantes. Más aún continuar con el otorgamiento de beneficios tributarios: amnistías, beneficios por repatriación, implementación de zonas económicas especiales.
- Jugarse por las reformas fiscales necesarias, varias de ellas descritas en mi columna anterior, “Un acuerdo por la sostenibilidad fiscal”, que aquí enumero brevemente: la rectificación inmediata de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a los congresistas tener iniciativa de gasto; los cambios constitucionales necesarios para que cualquier tipo de gasto tributario se aprueben siempre que exista informe previo favorable del MEF; la revisión y racionalización de las exoneraciones tributarias; y la modificación normativa para darle estabilidad real al Jefe de la Sunat, quien deberá conducir una política nacional para reducir la evasión tributaria. Agregaría una reforma del Estado que simplifique estructuras organizacionales, normas y procesos.
La Virgen nos está dando una nueva oportunidad. No la volvamos a desperdiciar.
Luis Arias Minaya es economista.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
