Por Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Superada la emergencia por el desabastecimiento de gas natural, corresponde hacer una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad estructural que exhibe nuestro sistema energético y sobre las decisiones urgentes que el país debe adoptar para no volver a depender de solo un tubo que conduce el gas natural para su energía.
Durante trece días intensos, la SNI ha dialogado y coordinado con autoridades, empresas y organismos técnicos para ayudar a solucionar el problema y quedó claro que este no fue únicamente operativo: es el resultado de un diseño institucional y de infraestructura que concentra riesgos. El gas de Camisea transformó la matriz energética peruana y aportó competitividad, pero lo hizo bajo una lógica fragmentada que separó la producción, el transporte y la distribución sin garantizar una visión de seguridad nacional. El resultado es que gran parte del país depende prácticamente de un único gasoducto que cruza de la Amazonía a la costa.
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Cualquier incidente en ese corredor tiene, por tanto, efectos inmediatos y generalizados sobre la generación eléctrica, la industria y el consumo doméstico.
A esta fragilidad se suma la ausencia de mecanismos de almacenamiento estratégico que permitan amortiguar interrupciones temporales.
En ese sentido, el Perú enfrenta una paradoja. Posee reservas significativas de gas natural y un potencial hidrocarburífero aún mayor en diversas cuencas del territorio nacional. Por ejemplo, el gas que existe en el Lote 58 que ya debería estar conectado con los ductos de Camisea por su proximidad, aun no se ha hecho por temas burocráticos. Las reservas de gas que existen en la Reserva Natural de Candamo siguen sin ser explotadas por la oposición de las ONGS medioambientales cuando ya se ha demostrado en muchas partes del mundo que es posible tener un yacimiento de gas sin afectar el medio ambiente y en este caso una reserva natural.
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Por otro lado, en el Perú no hay nuevas exploraciones de hidrocarburos por la excesiva burocracia, que puede hacer que los permisos de exploración demoren hasta cuatro años, situación inaceptable que se repite con el GLP. Una de las empresas distribuidoras de GLP está esperando hace un año y medio la aprobación para construir un centro de almacenaje a fin de ampliar en 24,000 toneladas la capacidad de GLP y el permiso se pasea entre la municipalidad del Callao, la APN y la dirección general de hidrocarburos. Si este centro de almacenamiento ya estuviera construido, no habríamos enfrentado el reciente problema de desabastecimiento, que ha puesto en evidencia la necesidad de contar con una planta regasificadora en la costa.
El Perú cuenta con recursos y con una posición geográfica que pueden convertir el gas natural en motor de desarrollo, advierte Felipe James, presidente de la SNI.
También es necesario integrar el desarrollo energético con la infraestructura logística del país y con nuevos polos industriales. Por ejemplo, masificar el gas en la Macro Región Sur, con el proyecto 7 Regiones que incluye al Cuzco, Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavelica y Ucayali. Este proyecto llevaría el gas natural a precios tan baratos como los que llegan a Lima lo que beneficiaría a millones de peruanos.
Asimismo, se encuentra el proyecto del gasoducto de la costa sur, que partiría desde Pisco, pasaría por Arequipa, incluido su parque industrial, y llegaría hasta Ilo, en Moquegua. Esta infraestructura permitiría impulsar la descentralización de la industria, al facilitar el acceso a una fuente de energía más económica y competitiva.
Durante años no hemos aprovechado el gas como palanca de industrialización. Más allá de su uso para generación eléctrica y exportación, el gas es una materia prima estratégica para fertilizantes, petroquímica, plásticos y producción de hidrógeno, actividades que generan mayor valor agregado y empleos de calidad. El gas natural puede ser uno de los pilares del futuro económico del país.
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El gobierno actual tiene la responsabilidad de garantizar que los proyectos en curso no queden atascados por trámites y que se aseguren capacidades de emergencia concretas, como la planta regasificadora y centros de almacenaje. El próximo gobierno, por su parte, deberá asumir el compromiso de consolidar grandes obras y políticas que construyan una plataforma energética duradera y orientada al desarrollo industrial.
No se trata solo de preservar la energía barata de hoy: se trata de transformar esa ventaja competitiva en una base sostenible para la prosperidad de millones de peruanos. A mediano y largo plazo el país debe avanzar hacia una arquitectura con seguridad y planificación integrada. Esto implica promover conexiones regionales que descentralicen la oferta de energía, desarrollar infraestructura portuaria y plantas de regasificación que operen como respaldo y diseñar un sistema de reservas estratégicas de combustibles.
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No puede dejarse de lado la dimensión social de estas decisiones. La exploración y explotación responsable debe incluir normas claras, participación efectiva de las comunidades y mecanismos para conciliar desarrollo y conservación.
El Perú cuenta con recursos y con una posición geográfica que pueden convertir el gas natural en motor de desarrollo. Para lograrlo debemos superar la visión fragmentada con la que se diseñó el sistema y adoptar una estrategia integradora que combine seguridad, almacenamiento, industrialización y procedimientos eficientes. Solo así convertiremos una crisis reciente en la oportunidad histórica para asegurar energía confiable y posicionar al Perú como un centro logístico e industrial en Sudamérica.
