La delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en materia laboral ha puesto nuevamente en agenda la posibilidad de emprender una reforma laboral seria, moderna y sostenible. No sólo lo justifica la alta tasa de informalidad que supera el 70%, sino porque nuestro modelo laboral actual no responde hoy a la nueva realidad productiva ni al impacto de la digitalización en el mundo del trabajo, que trae automatización, trabajo híbrido, economía de plataformas y empleos más tecnológicos. La reforma laboral si es necesaria.
Si analizamos el proyecto inicial de delegación de facultades (del 29 de julio) y la última versión presentada por el gobierno (el 28 de agosto), vemos diferencias importantes. El primer documento planteaba una reforma laboral bastante amplía: Unificar todo el régimen laboral privado en un solo marco único y progresivo; perfeccionar beneficios laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras, utilidades) con mayor flexibilidad; reducir feriados e incluso regular la extinción de contratos por causas objetivas, permitiendo acuerdos flexibles entre las partes. Asimismo, buscaba integrar la reforma laboral, tributaria y seguridad social xon una formalización progresiva. Era una habilitación para rediseñar todo el sistema laboral.
En cambio, la versión final es más acotada: busca cambios en el empleo juvenil, en la inspección del trabajo, regular los bonos de productividad no remunerativos, precisar la indemnización para trabajadores de dirección y confianza y optimizar el régimen de feriados. Hay una mención genérica a “fortalecer el marco laboral de la actividad privada, fomentando la formalización e incluyendo la seguridad social, beneficios laborales y la protección contra el despido”; pero su lectura integral sugiere ajustes, incentivos, cambios puntuales, no reformas de fondo.
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Reforma: ¿con o sin diálogo social?
Emprender reformas laborales en nuestro país no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Tres ejemplos: La derogada “Ley Pulpin”: fue técnicamente buena, pero políticamente mal comunicada; la reforma de la Ley 20530 (“cédula viva”): tuvo éxito técnico y político (amplia difusión y explicación). Y la Ley Servir: técnicamente buena, pasó el filtro político, pero le faltó continuidad. El gobierno debería retomarla.
Las facultades legislativas son un instrumento constitucionalmente válido, pero tiene sus limitaciones para hacer grandes reformas. Primero, requiere ser acotada a materias muy precisas, no genéricas. Segundo, políticamente es muy sensible (menos aún con la actual composición legislativa). Y tercero, quizá lo más importante, se deja de lado el diálogo social. Y en materia laboral esto es fundamental: existe el espacio para ello: El Consejo Nacional del Trabajo (CNT), lugar donde el Estado, los gremios sindicales y empresariales pueden dialogar y construir consensos. Fácil no es, pero se requiere generar la confianza necesaria.
Emprender reformas laborales en nuestro país no es una tarea fácil, pero tampoco imposible.(Foto: GEC)
Las reformas sostenibles necesitan contraponer ideas, deliberar y convencer. Pasó con la Ley 20530: hubo mucho trabajo previo de sensibilización, debate, diálogo social y político, y una propuesta técnica respaldada por expertos. Recuerdo incluso que nuestro recordado ex ministro de Trabajo, Javier Neves Mujica, se convenció de la medida y la respaldó. No ocurrió lo mismo con la llamada “Ley Pulpín”: aprobada en el Congreso en diciembre de 2014, tres meses después fue derogada, tras cinco protestas sucesivas. No hubo sensibilización ni trabajo de convencimiento previo. El resultado: se perdió una gran oportunidad de discutir seriamente mejoras al empleo de los jóvenes y once años después éstos siguen abandonados a su suerte.
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No afirmo que un acuerdo tripartito garantiza per se la calidad de una reforma. Sostengo que una reforma acordada por las partes tiene mayor probabilidad de sostenerse en el tiempo, reduciendo el “péndulo laboral”. Sostenibilidad, más que velocidad, debería ser el criterio. Y requiere un ingrediente adicional: Madurez de las partes (a partir del caso de los acuerdos sucesivos en Construcción Civil, lograrlo es posible. Soy optimista).
El Poder Ejecutivo ha hecho bien en acotar la versión final de la delegación. Pero el debate de fondo sigue pendiente. La reforma laboral es necesaria. Las empresas requieren flexibilidad para innovar, los trabajadores protección en entornos más digitales y volátiles y el Estado, consensos necesarios para promover la formalización, sin ahogar la competitividad.
Nuestro país necesita promover una formalización agresiva, mejorar su productividad, reducir la conflictividad y generar más empleo digno y competitivo. Cuando las reformas se discuten con los involucrados, se legitiman socialmente, se enriquecen técnicamente e, incluso, pueden ajustarse a las realidades sectoriales. La ruta correcta es: diálogo, evidencia y consensos. Si se logra un acuerdo tripartito en el CNT, sería excelente. En caso contrario, corresponderá al gobierno tomar las medidas que sean necesarias.
Nancy Laos Cáceres es exministra de Trabajo y Promoción del Empleo
