El saliente Congreso está de vuelta con sus despropósitos. Al parecer, los legisladores quieren que el periodo parlamentario 2021-2026 sea difícil de superar. Nos referimos al daño que han infligido a la institucionalidad del Estado peruano, con las leyes “procrimen”, las que elevan el gasto público, las que protegen actividades informales e ilícitas, además de haber desmantelado reformas como la educativa –tanto superior como básica–, y un largo etcétera.
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La minería formal continúa siendo una de las principales perjudicadas con las modificaciones a su marco legal. La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que elimina de la Ley General de Minería el mandato que establece que “las concesiones son irrevocables” (Gestión 05/05/2026). El retiro de esa condición es perjudicial para la estabilidad jurídica del país, un aspecto que los inversionistas consideran esencial para tomar sus decisiones, pues genera incertidumbre y atenta contra la competitividad del país. Hay que recordar que la citada comisión también redujo los plazos de vigencia de las concesiones, ignorando por completo las particularidades de la exploración minera. En suma, se sigue legislando a favor de la informalidad y la ilegalidad.
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Los congresistas también están pensando en un noveno retiro de fondos de las AFP y en crear un seguro de desempleo –tras haber horadado con sus leyes los depósitos CTS, que cumplen una función parecida–. Cabría preguntarse cuántos de ellos han hecho retiros de sus cuentas AFP y CTS, pues da la impresión que, en estos casos, están legislando para ellos mismos. También querían derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reestructuración de Petroperú, pero dieron marcha atrás, al menos temporalmente.
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La agenda del pleno realizado ayer es un compendio de proyectos de ley peligrosos. Contenía nada menos 132 dictámenes aprobados en comisiones, desde el 2022 en adelante. Hay de todo, desde aumentos remunerativos para más servidores públicos, nuevas incorporaciones al régimen laboral 728 desde el régimen CAS y nombramientos de profesores, entre otros. Es decir, más gasto rígido. Paradójicamente, también figuran proyectos de inversión y, por supuesto, creación de universidades e institutos.
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Esta semana, la Comisión de Constitución incorporó los delitos de lesa humanidad al Código Penal, pero usando una formulación que causaría la prescripción de violaciones a los derechos humanos (pese a que esos delitos son imprescriptibles). También han resurgido proyectos de ley que debilitan los derechos de la mujer.
