El Congreso de la República ha decidido que la propiedad privada en el Perú es un concepto negociable y que la inversión minera formal es un estorbo que debe ser asfixiado. Con el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, no solo le han puesto una soga al cuello a uno de los sectores más productivos del país, sino que han diseñado una expropiación encubierta bajo el disfraz de “participación en beneficios”.
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Al obligar a las empresas a ceder patrimonio a terceros sin indemnización, el Legislativo no solo asfixia al sector que sostiene la caja fiscal, sino que envía un mensaje letal a los mercados: en el Perú, las reglas de juego valen lo que dure el capricho de un parlamentario. Es la institucionalización de la inseguridad jurídica para despejarle el camino a quienes operan desde la sombra.
Es decir, el Congreso –ese mismo que extiende el Reinfo para proteger a quienes operan fuera de la ley– libera áreas para que los mineros ilegales hagan de las suyas. (Fotocomposición: ChatGPT, Mía Ríos, Diario Gestión)
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Vayamos al grano. El proyecto obliga a las empresas a entregar “participación en beneficios” a las comunidades, incluyendo acciones preferentes. Llamemos a las cosas por su nombre: es una expropiación encubierta. Es la receta perfecta para que el Estado se lave las manos ante su incapacidad de cerrar brechas, endosándole la factura y la propiedad a los privados.
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Pero el ataque es total. Se elimina el carácter irrevocable de las concesiones, dejando que cualquier burócrata las revoque a dedo. ¿Quién va a meter miles de millones de dólares si las reglas de juego dependen del humor del gobierno de turno? A esto se suma un aumento del derecho de vigencia de hasta el 300%. Perú ya tiene los costos de mantenimiento más altos de la región y aquí pretenden seguir ordeñando a la vaca hasta matarla.
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Lo más absurdo es la reducción del plazo para producir de 30 a 15 años. Como advierte el especialista Iván Arenas, esto se basa en el mito de las “concesiones ociosas”. En el Perú, un proyecto puede demorar hasta 40 años en madurar. Pretender que se produzca en 15 es condenar a la caducidad a cualquier yacimiento serio.
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¿Y quiénes heredarán esas tierras? El plan es macabro: si en 10 años no hay actividad, la concesión revierte para pasar a manos de la “minería artesanal”. Es decir, el Congreso –ese mismo que extiende el Reinfo para proteger a quienes operan fuera de la ley– libera áreas para que los mineros ilegales hagan de las suyas. Se castiga al que cumple estándares y se premia al que usa cianuro y dinamita.
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Esto no es casualidad. La congresista Diana Gonzales ya puso el dedo en la llaga: este dictamen es el plan de gobierno de candidatos como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y José Luna Gálvez (Podemos), quienes parecen más interesados en los votos de la minería ilegal que en el futuro del país.
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Estamos en campaña y el silencio de los demás candidatos es vergonzoso. Deben decirnos si están con el desarrollo o con las mafias que ya tienen oficina en el Legislativo. Este dictamen es un caballo de Troya que busca desmantelar el motor del país para entregárselo a la ilegalidad.
Omar Mariluz Laguna, periodista.
