En las democracias que tienen elecciones de segunda vuelta, cuando los resultados de la primera vuelta no definen al ganador, el tiempo que transcurre entre ambas votaciones es generalmente de un mes, o menos. Por ejemplo, ocurrió en Argentina el 2023 (el 22 de octubre y el 19 de noviembre) y ocurrirá este año en Brasil (el 4 y 25 de octubre). Pero tales cronogramas, relativamente cortos, solo pueden cumplirse si el sistema de conteo de votos es moderno, eficaz y confiable, de modo que los resultados de la primera vuelta se conozcan en cuestión de días.
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En el Perú, en cambio, entre la primera y segunda vueltas habrá una diferencia de casi dos meses (el 12 de abril y el 7 de junio) y a dos semanas de la primera vuelta, todavía se desconoce quién quedó en segundo lugar. Tanto Argentina como Brasil tienen más votantes que el Perú, y mayor extensión territorial y geografías complicadas, de modo que las dificultades de accesibilidad no pueden usarse como excusa para demorar el proceso en nuestro país. Además, el caos logístico del 12 de abril sucedió en Lima y no en lugares alejados.
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Recién la semana pasada terminó el conteo de votos, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero debido a que cerca de 5,000 actas electorales fueron observadas (5.6% del total), los jurados electorales especiales (JEE) iniciaron la respectiva revisión y recuento, también la semana pasada. La fecha fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que finalice este proceso es el 7 de mayo, decisión que fue comunicada el fin de semana (la fecha original era el 15 de mayo). Es desconcertante que la máxima autoridad electoral redefina plazos en pleno proceso electoral, por más que alegue una simplificación de procedimientos, lo que debió preverse mucho antes de las elecciones. Además, declaró inviable la realización de elecciones complementarias en determinadas mesas de Lima.
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Al parecer, el JNE no estaba adecuadamente preparado. Pero sí se sumó al cargamontón contra la ONPE. Apenas un día después de la primera vuelta, el procurador público del JNE denunció penalmente al entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, cuya dimisión, el martes pasado, fue aceptada pese a que la ley estipula que el cargo es irrenunciable mientras exista una elección en curso, como es el caso. La institución que aceptó su renuncia (lo eligió el 2020) es la cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ). Por cierto, el JNE no ha informado si existen más casos de destrucción de cédulas de sufragio, similares a la cometida por una de sus fiscalizadoras en Trujillo.
