Además de las fiscalizaciones de la Sunat y la Sunafil, las empresas también tienen que padecer las que realizan las municipalidades. Decimos “padecer” pues la percepción de los negocios es que esas visitas buscan “más sancionar que orientar”, según un estudio de Ipsos para ComexPerú, publicado en agosto pasado. Esa percepción es mayor para el caso de la municipalidad correspondiente, y en empresas de todo tamaño: grande (59%), pequeña y mediana (42%) y micro (37%). Además, las fiscalizaciones municipales son las más frecuentes, alcanzando un promedio de 1.9 veces anuales, frente a una de la Sunat y 0.6 de la Sunafil.
Es que la maraña de regulaciones municipales –que varían de distrito a distrito y de provincia a provincia, y que son muy cambiantes–, genera confusión en las empresas, sobre todo en mipymes, cuyas limitaciones presupuestales les impiden contratar asesoría legal y contable. Además, los municipios incumplen sus propias obligaciones, dictadas por ley. Por ejemplo, según ComexPerú, el Decreto Legislativo 1497 (promulgado el 2020) dispuso la aprobación automática en dos días hábiles, como máximo, de licencias de funcionamiento para establecimientos de riesgo bajo. Pero hasta el 2025, el promedio en todos los departamentos estaba muy lejos de lo establecido por la norma.
El gremio advierte que el tiempo de espera para obtener una licencia municipal no es el único factor que debe tomarse en cuenta. También figuran la cantidad de requisitos exigidos y el costo del papeleo, que en conjunto ralentizan los procesos y elevan los costos administrativos de las empresas. La consecuencia es obvia: se trata de un incentivo perverso para que las empresas decidan optar por o retornar a la informalidad.
Los anuncios de “shocks desregulatorios” –como el planteado por la presidenta Keiko Fujimori– no suelen mencionar el rol del Indecopi, que cuenta con una Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y una Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. La entidad ha eliminado o generado la eliminación voluntaria de miles de esas barreras, pero no parece contar con mucho respaldo político.
Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), de marzo del 2025, indica que tres de cada cuatro barreras eliminadas fueron implementadas por municipalidades provinciales o distritales. Y alerta que el presupuesto del Indecopi se redujo 16% en el periodo 2019-2024, mientras que el número de funcionarios que participan directamente en la tarea pasó de 64 a 51. Sin el liderazgo del Indecopi, los shocks desregulatorios no funcionan.
