
La Asociación de Consumidores de Gas del Perú emitió un pronunciamiento en el que expresa preocupación por la propuesta que realizó la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para extender su contrato de concesión con el Estado para el transporte del gas de Camisea.
En un comunicado, el gremio señala que, tras la interrupción del servicio de transporte de gas de Camisea hace seis meses atrás, TGP habría incurrido en incumplimiento (a su contrato de concesión) y que ello está documentado en informes de Osinergmin y la Contraloría General de la República.
Capacidad de respaldo
Entre sus incumplimientos -afirma esa asociación- “es preocupante que el sistema de transporte de gas de TGP no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida por en el Contrato de Concesión y la normativa”.

En este contexto, añade, es aún más preocupante que TGP no haya informado de medida alguna destinada a subsanar dicho incumplimiento, pero que en lugar de ello proponga al gobierno una adenda “muy ventajosa” que extienda su concesión monopólica por 10 años.
Esa propuesta, refiere, incluye que se le adjudique directamente un nuevo proyecto de S/7 mil millones (denominado Ramal Sur), sin competencia, con rentabilidad garantizada, con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte.
Asimismo, indica, la empresa plantea que durante los 10 años adicionales de extensión de su monopolio los usuarios continúen pagando por infraestructura existente “ya pagada y remunerada generosamente”.
También -refiere el gremio- que las inversiones en respaldo y redundancia que ejecute en adelante sean remuneradas como inversión adicional, “pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento, cuando durante 20 años hemos venido pagando una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%”.
El pedido del gremio
En tal sentido, la asociación refiere que es responsabilidad y deber del Gobierno exigir a TGP el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y tutelar los intereses de los peruanos, ciudadanos y empresas usuarias del servicio público de transporte de gas natural.
Para evitar mayores riesgos, daños y sobrecostos a los usuarios, pide que se exija a TGP que ejecute inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad a que está obligada.
Asimismo, considera que se debe licitar competitivamente, entre operadores internacionales, tanto la concesión del nuevo proyecto del Ramal Sur, como la concesión del sistema de transporte de Camisea, para cuando concluya el plazo de la concesión de TGP.







