Ante el avance de la minería ilegal en el Perú, en los últimos años el Poder Ejecutivo ha incrementado los operativos de interdicción y destrucción de maquinaria y equipos que utiliza esa actividad ilícita. Sin embargo, en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso de la República se está retomando un proyecto para regular la disposición final de esos bienes, a fin de evitar su eliminación.
Según datos de la Comisión para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras en 2024 el promedio era de 62 operativos mensuales contra ese delito, en 2025 pasaron a 86 y en 2026 la cifra supera las 130 intervenciones mensuales.
En total, refiere esa entidad oficial, en los dos últimos años se han realizado más de 2,300 operativos con decomisos de bienes a mineros ilegales, valorizados en más de S/ 7,000 millones.
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Faltando poco más de dos meses para concluir el proceso de formalización y cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que culmina el 31 de diciembre del 2026, se esperaría, según expertos, que el próximo año se incrementen aún más las operaciones de interdicción en zonas donde se concentran los mineros ilegales, que en muchos casos no pueden ser intervenidos por contar con registro en el Reinfo.
Fotos satelitales muestran el avance de la minería ilegal en la reserva nacional Tambopata, en Madre de Dios. Fuente ACCA
¿Qué plantea Juntos por el Perú?
La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó recientemente un proyecto de ley que propone regular la recuperación, trazabilidad y destino público de la maquinaria pesada que el Ministerio Público, la Policía Nacional o la Dirección de Capitanías y Guardacostas, en el ámbito de sus competencias, incaute a los mineros ilegales.
Expertos consultados recuerdan que ya en el 2023 el Congreso anterior había aprobado un proyecto similar pero que fue observado por el Poder Ejecutivo de ese entonces y no llegó a prosperar. Entonces, ahora JP está retomando una propuesta con el mismo objetivo.
La actual iniciativa, de la diputada Yuli Ambrosio (JP), propone modificar el Decreto Legislativo N° 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal, para establecer un tratamiento diferenciado a aquella maquinaria que pueda ser retirada de las zonas de operación ilegal, sometida a custodia estatal y aprovechada por el Estado cuando cuente con facultad para ello.
Así, se pretende que cuando se trate de maquinaria pesada que pueda ser retirada del lugar de la intervención sin generar “riesgos irrazonables” para las personas que participan en el operativo, y sea susceptible de recuperación, se priorizará su retiro del circuito de la minería ilegal, su traslado, aseguramiento y custodia.
Un informe, que tuvo como base el uso de imágenes satelitales, mostró que existen por lo menos 3.500 artefactos dedicados a la extracción de oro en un rango de 7.300 km2 en Madre de Dios.
“La aplicación de esta medida no determina anticipadamente la titularidad del bien, ni afecta el posterior pronunciamiento que corresponda respecto a su situación jurídica o de los derechos de terceros [a esos bienes]”, señala el proyecto.
Con ello, la destrucción, demolición o inutilización de bienes, maquinaria o equipos usados por la minería ilegal procedería solo cuando su retiro no pueda realizarse por las características o estado del bien, condiciones geográficas, dificultades materiales de extracción u otras circunstancias que hagan inviables su traslado, aseguramiento o custodia.
“[...] las actuaciones efectuadas respecto del bien observan el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de propiedad y los derechos que legítimamente correspondan a terceros de buena fe”, se lee.
¿Quién pagaría todo esto?
La proposición legislativa también plante que cuando el Estado cuente con facultad legal de disponer de esa maquinaria, se la podrá asignar a tareas como construcción, rehabilitación o mantenimiento de caminos vecinales, trochas carrozables, vías rurales, canales de riego, entre otros.
En la iniciativa legal se reconoce que, dependiendo de cada intervención, pueden generarse gastos asociados con la extracción, remolque o transporte, combustible, seguridad, depósito, conservación, evaluación mecánica, reparación, mantenimiento y administración del bien incautado.
Por ello, establecería que la implementación de estas medidas se hará conforme a la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Destrucción es la primera opción
Miguel Ángel Soto, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), refirió que, con este proyecto, JP estaría “volviendo a la carga” pues en 2023 se había planteado una iniciativa legal similar que fue aprobada en el pleno del pasado Parlamento, pero que fue observado por el Gobierno y no llegó a tener luz verde por insistencia en el Poder Legislativo.
Recordó que la Fiscalía de la Nación observó ese proyecto porque no contaba con los recursos económicos y logísticos para custodiar la maquinaria o trasladarla, porque la mayoría de las veces los operativos se realizan en lugares muy alejados.
Más allá de ello, el experto observó que hoy la primera opción de las autoridades es la destrucción de la maquinaria usada por mineros ilegales porque usualmente las condiciones del terreno donde operan son de difícil acceso, hay ausencia de vías, falta de equipos de traslado y hay presencia de grupos armados.
¿Freno a la interdicción?
Soto refirió que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) ya viene asignando equipos intervenidos, incautados en operativos, para el uso temporal a municipalidades provinciales y distritales, por lo que el proyecto no aporta nada nuevo al respecto.
Consideró que, si se aprueba este texto, se podría afectar la capacidad operativa de la Policía y la Fiscalía, pues les significaría una carga adicional, donde tengan que hacer una evaluación técnica y sustentar por qué opta por destruir el bien o mantenerlo.
Además, anota, las fuerzas del orden tendrían que destinar personal y recursos a una custodia temporal de los bienes incautados, cuando la necesidad de todo ello no está bien justificada en la iniciativa legal. Para el abogado, no es posible asegurar que esta propuesta no generará costos al Estado.
En la misma línea, Marcial García, experto en minería de EY Perú, coincidió en que, si se aprueba el proyecto, le pondría un freno a las labores de interdicción de mineros ilegales y se podría complicar el combate a esa actividad ilícita, porque se agregará tareas adicionales a las fuerzas del orden, que no cuenta con recursos para ello.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
