El botón de “bloquear” no resulta suficiente para detener la violencia contra la mujer. Un mensaje que no se pidió, una fotografía difundida sin consentimiento o una amenaza desde un perfil conforman el universo de un acoso digital que, luego, atraviesa la vida personal, laboral y pública.
Estas señales de que algo anda mal ya han dejado de ser un asunto privado: constituyen hoy un problema que interpela a empresas, autoridades y sociedad. Así lo remarcaron las expertas durante el evento “Del visto a la acción”, organizado por Apoyo Comunicación, Aequales y Grupo Centenario en el marco del 25 de noviembre (25N).
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Credibilidad “floja”
Si bien el entorno digital ha ampliado las fronteras del conocimiento, también ha multiplicado los escenarios donde puede “ejercer” la violencia. En suma, lo que ocurre dentro de una pantalla termina condicionando la vida fuera de ella.
Frente a este escenario, Gabriela García, directora de Asuntos Públicos de Apoyo Comunicación, explica que, aunque las organizaciones cuenten con marcos normativos y procesos internos avalados por áreas de compliance, la regulación no logra tutelar eficazmente los derechos de las mujeres afectadas por estas lamentables prácticas virtuales.
Para empezar, los plazos de la investigación tras un aviso de que algo sucede en el entorno laboral corren a un velocidad inferior en comparación con la que se propagan las agresiones. Luego, que una víctima se someta a un procedimiento institucional implica que se exponga a una doble victimización.
Ambas características conviven, asimismo, con la credibilidad bastante rota de los canales formales públicos. Por ejemplo, solo el 1.3% de las denuncias en el Perú formalmente reportadas concluye en una sanción o condena. Esta percepción de que la propia justicia nacional no llega a buen puerto intensifica la premisa de que en una empresa el “eco” será el mismo.
Ante ello, García invitó a pensar en el subregistro: todas aquellas estadísticas que dejan fuera a las mujeres que prefieren no denunciar o desisten durante el proceso. El problema se grava incluso más en regiones.
Si el protocolo no va acompañado de celeridad, empatía y una transformación cultural profunda que garantice la protección real de quien denuncia, es una medida que no sirve.

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Minimización de las denuncias
Andrea de la Piedra, CEO y fundadora de Aequales, complementó la arista con algunas cifras de un estudio que la entidad desplegó en Perú en 2025: el 92% de las empresas cuenta con un protocolo contra el Hostigamiento Sexual Laboral (HSL), el 68% incluye el hostigamiento virtual como modalidad y el 42% tiene una estrategia integral de prevenir, entender y acompañar; no obstante, el 58% de las empresas con protocolo aún no cubre, a la vez, todos los componentes mencionados.
Además, para detallar lo que expuso García, indicó que casi 6 de cada 10 protocolos se quedan a mitad de camino y en lo puramente normativo.

Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.

