En este contexto, para conocer el estado del proceso y tener las respuestas de la propia empresa ante las observaciones que ha hecho el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a la adenda meses atrás, Gestión conversó con Martin Mejía del Carpio, gerente general de Cálidda.
-Después de que el Estado no logró adjudicar el proyecto 7 regiones, se apostó por que Cálidda lo tome a través de una adenda. ¿Qué se propuso inicialmente y qué tenemos hoy?
La propuesta inicial que nosotros hicimos era, tal cual, la original. Es decir, llegar a 113,500 conexiones. Eso fue cambiando con el tiempo. El Minem nos solicitó un mayor alcance y ahora [el proyecto] tiene prácticamente el doble de conexiones reales obligatorias. Y, si calculas las potenciales, que son un compromiso también, habrá 300,000 conexiones en total. Con ello, pasamos de 460,000 usuarios al inicio a 1.2 millones.
-El costo del proyecto cambió...
El proyecto original, el que planteó el Estado, se estimaba en casi US$ 300 millones. Incluso tenía un cofinanciamiento: el Poder Ejecutivo ponía más US$ 30 millones por año. Nosotros ahora hablamos de casi US$ 600 millones porque tenemos 12 plantas regasificadoras, 6 city gates y más de 3,700 kilómetros de redes de distribución, con mayor alcance.
"La propuesta inicial que nosotros hicimos era, tal cual, la original. Es decir, llegar a 113,500 conexiones", dijo Mejía del Carpio. Foto: GEC
Desembolso. De la inversión, el 70% está vinculada con las tuberías. El otro 30% son las plantas, los terrenos y algunas obras especiales que se han solicitado.
-¿En qué etapa está 7 regiones?
Sabemos, por declaraciones del Minem, que el proceso está en la recta final. Se cerró el proceso de evaluación conjunta en mayo último y empezaron con el proceso de informes finales en el que ProInversión y Osinergmin ya emitieron sus informes. El Minem está próximo a cerrar las observaciones del regulador para poder pasar a la siguiente etapa: el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego pasar por Contraloría.
-Si la adenda se concreta, ¿cuáles son los hitos que se han planteado para cumplir con el objetivo de 7 regiones?
Primero arrancamos con los permisos. Hay que presentar permisos ambientales, arqueológicos y constructivos en las municipalidades y gobiernos regionales de cada zona. Una vez que nos otorguen esos permisos, nosotros iniciamos el proceso de construcción.
En paralelo a la solicitud de los permisos, vamos a importar las plantas y deberían llegar a más tardar al año de haber firmado la adenda. Así, empezamos el despliegue constructivo de poder ensamblarlas. A los dos años [desde la adenda] el compromiso es que tengamos al menos una conexión en 7 localidades de las 15 que vamos a tener. Y, a los 36 meses tendríamos que tener un mayor número de conexiones.
-Solo en la etapa de permisos, ¿qué plazos estiman?
Seis meses. En 6 meses deberíamos obtener [el permiso] de Cultura, para construcción de las plantas, y los permisos ambientales que se requieren. Con ello, empezamos la construcción.
"Primero arrancamos con los permisos. Hay que presentar permisos ambientales, arqueológicos y constructivos en las municipalidades y gobiernos regionales de cada zona", recalcó el titular de Cálidda. Foto: GEC
-¿Cómo se “distribuirán” los recursos a lo largo de los años?
En los primeros cuatro años esperamos una inversión de casi la mitad, US$ 300 millones. Y, después, en los siguientes años, el resto. Esto va a depender de la velocidad de las autoridades, las regiones, en darnos los permisos. Nosotros queremos hacerlo con velocidad.
-En un escenario óptimo, ¿cuándo se pondrían las últimas conexiones de la meta real?
El compromiso es terminar con todas las 201,000 conexiones en un plazo de 9.5 años. Sin embargo, vamos a tratar de acelerar este plazo estando en campo [...].
-Parte de la población que reclamaba el gasoducto sur, temía que 7 regiones “anule” esa infraestructura. ¿Qué diría?
[...] Yo creo que ha habido un entendimiento en estos años. Igual el Estado tiene que trabajar el gasoducto al sur, que es un proyecto que debe sacarlo, y no va contrario al nuestro. El día que llegue el gasoducto, nosotros sacamos los camiones y nos conectamos a ese ducto.
-Estamos próximos al cambio de autoridades subnacionales. ¿Les preocupa por el proyecto?
Nosotros somos apolíticos […] Vamos a trabajar con los que estén y vamos a poder mostrar resultados.
Cálidda refirió que el gasoducto sur, si se concreta alguna vez desde el Estado, no es contrario a su concesión. (Foto: Cálidda)
Dudas del regulador y la respuesta de Cálidda
-Osinergmin se ha mostrado con dudas sobre el proyecto. Meses atrás, cuestionó que las inversiones de Cálidda no se terminarían de pagar durante el plazo de la concesión, por lo que se seguirían reconociendo incluso terminado el plazo ¿Qué responde a ello?
Nosotros como concesionario, no solo hemos realizado las inversiones requeridas bajo el contrato de concesión inicial, sino que cada 5 años, en cumplimiento con el reglamento de distribución comprometemos inversiones adicionales aprobadas por el Minem y que son incorporadas desde dicho momento en la tarifa, la cual establece como metodología de pago un periodo de recuperación de 30 años desde su incorporación tarifaria.
Un ejemplo de ello es que las inversiones del periodo 2026 que acaban de ser incorporadas en la tarifa serán parcialmente remuneradas con 8 anualidades hasta el 2033 (fecha de termino contractual inicial establecido en el contrato). Lo remanente y no que es remunerado vía la tarifa es devuelto al concesionario con el valor no amortizado del activo, compromiso establecido en el contrato actual.
-Otro cuestionamiento del regulador es que este sería un proyecto costoso y que además recibiría un beneficio de US$ 1,832 millones, sin que se refleje en la concesión...
No es correcto que pueda generar una sobreganancia. Las adendas a los contratos de concesión pasan por un riguroso análisis de equilibrio económico financiero realizado por el MEF bajo una metodología establecida y aplicada para las APP.
Dicho análisis implica una comparación de los flujos de caja de la empresa sin proyecto (hasta el 2033) y con proyecto (hasta el 2043) y debe verificar que la empresa no genere un mayor beneficio que lo que la ley establece bajo este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que es una concesión regulada y cuya tarifa al usuario la fija el regulador bajo los criterios establecidos en el reglamento de distribución.
-Empresas de gas han cuestionado la labor del Osinergmin porque, argumentan, para determinar la tarifa, el regulador no reconocería completamente los costos en los que incurren...
Siempre ha sido una discusión y creo que se ha visto en todos los procesos tarifarios: algunas discrepancias con el regulador. Sobre todo, en lo que se consideran costos eficientes. Creemos que a veces la eficiencia va contra la seguridad.
[...] Nosotros sabemos que pasar por [el proceso] de la tarifa es todo un riesgo. Sin embargo, la discusión técnica tenemos que darla. Mas bien, creo que el regulador debe revisar la manera en cómo evalúa sobre todo los costos operativos y la remuneración de las inversiones.
Las adendas a los contratos de concesión pasan por un riguroso análisis de equilibrio económico financiero realizado por el MEF bajo una metodología establecida y aplicada para las APP”.
Conexión. Martin Mejía recordó que en Lima ya se tendió alrededor de 19,000 kilómetros de redes y con 2,500 kilómetros adicionales prácticamente se estaría culminando con el objetivo. “Para el reciente plan (mayo 2026 – mayo 2030) hemos planteado 500 kilómetros [...] son US$ 120 millones de inversión”, detalló.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
