La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ordenar una auditoría informática a los sistemas utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es necesaria en el contexto actual. Las fallas registradas el 12 de abril, sumadas a los cuestionamientos técnicos posteriores, han afectado la confianza en el proceso. La iniciativa de una revisión independiente, con participación de especialistas externos, puede contribuir a restablecer esa confianza antes de la segunda vuelta.
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Es importante precisar qué implica esta medida. La auditoría y la decisión que la pone en marcha no modifica los resultados de la primera vuelta ni interrumpe el cómputo en curso. Su función es revisar el desempeño de los sistemas, identificar fallas y establecer recomendaciones. Interpretarla como un mecanismo para anular resultados sin evidencia de fraude distorsiona su finalidad y puede generar mayor incertidumbre.
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La ONPE ha señalado que sus sistemas fueron auditados previamente por una empresa externa, que presentó su funcionamiento a los partidos políticos y que en abril realizó un simulacro con participación de distintos actores. Esos antecedentes existen, pero no evitan que el día de la elección se registraran problemas concretos: demoras en la apertura de mesas, fallas en la transmisión de datos y uso de procedimientos manuales en varios locales.
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Por esa razón, el alcance de la auditoría debe ser amplio. La revisión debe incluir la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), pero también a otros sistemas utilizados. Limitar el análisis a un solo componente dejaría sin respuesta otros puntos críticos del proceso.
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En este escenario, los gremios empresariales han tenido un papel relevante. La Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y otros gremios solicitaron una auditoría independiente y la participación de expertos internacionales. Al mismo tiempo, evitaron afirmar la existencia de fraude y centraron su demanda en la transparencia y la rendición de cuentas. Esa posición ha contribuido a mantener la discusión en un plano institucional.
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También corresponde evaluar el desempeño del JNE. Un informe de fiscalización digital del propio organismo había identificado, antes de la elección, vulnerabilidades en el sistema STAE, incluyendo riesgos en el uso de dispositivos y en la gestión de la información. Con esos antecedentes, era razonable esperar una comunicación más clara y medidas antes del proceso. La decisión de auditar es adecuada, pero llega después de que los problemas se hicieran evidentes.
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En paralelo, la Junta Nacional de Justicia ha convocado un concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE. El proceso incluye evaluaciones técnicas, revisión de trayectoria y presentación de un plan de trabajo. La elección de esa autoridad será determinante para implementar cambios en la gestión del sistema electoral y fortalecer los mecanismos de control. La auditoría permitirá identificar fallas; la conducción institucional deberá encargarse de corregirlas.
