
Venezuela se está convirtiendo en una pieza clave de las ambiciones de Donald Trump en el hemisferio y en un nuevo posible foco de rivalidad con China.
Tras anunciar planes para tomar el control de más de 65,000 millones de barriles de reservas de crudo de Venezuela, la administración Trump dejó claro que aquello era solo el comienzo. Ahora prepara una campaña para desplazar a China y a potencias como Rusia, a las que la Casa Blanca ha calificado de “actores extranjeros malignos”, con el objetivo de garantizar que “el dominio estadounidense en nuestro hemisferio nunca más sea cuestionado”.
El siguiente punto en la agenda de Washington es un intento de reestructurar la deuda de Venezuela, que incluye miles de millones de dólares adeudados a China. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo el miércoles que Pekín no tendrá derecho a reclamar ingresos procedentes de la nueva producción venezolana, cerrando así una posible vía para el pago de esa deuda.
Estados Unidos ha presentado su campaña como el capítulo más reciente de la “Doctrina Donroe”, plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que reivindica el derecho unilateral del país a impedir que potencias rivales posean o controlen “activos estratégicamente vitales”. Bajo esa premisa, desplazar a las empresas chinas de los yacimientos petrolíferos venezolanos representa una oportunidad geopolítica para alinearlos con los intereses de Washington.
China ha reducido su exposición a Venezuela en los últimos años y es probable que a Trump le resulte difícil repetir en otros países una ofensiva de la misma magnitud. Por eso, para Pekín las implicaciones son más políticas que económicas.
Según Christian Reyes, analista ecuatoriano de riesgo político radicado en Pekín, una política estadounidense más intervencionista corre el riesgo de chocar con los intereses más amplios de China en Sudamérica.

“Venezuela no es necesariamente un precedente de expropiación directa, pero sí podría serlo de exclusión forzosa”, afirmó. “Estados Unidos está cada vez más dispuesto a tratar ciertos aspectos de la relación económica de la región con China como asuntos de seguridad y a utilizar su considerable influencia para imponer esas líneas rojas”.
La reacción de China ha sido hasta ahora moderada. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó el jueves en su rueda de prensa habitual en Pekín que “deben protegerse” los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela. “La cooperación entre China y Venezuela está amparada por el derecho internacional”, añadió. “No es asunto de terceros”.
De cara a la primera visita de Estado del presidente Xi Jinping a EE.UU. en más de una década, prevista para este mes, funcionarios de las dos mayores economías del mundo tratan de evitar enfrentamientos importantes, pese a sus diferencias sobre cuestiones como los desequilibrios comerciales y el apoyo económico de Pekín a Teherán.

Aún no está claro hasta qué punto los proyectos vinculados a China forman parte del paquete de concesiones a 100 años anunciado por Washington. Las autoridades estadounidenses y venezolanas no han identificado públicamente los yacimientos contemplados en el acuerdo. El gobierno de EE.UU. negoció anteriormente esta semana una participación del 35% en North American Blue Energy Partners, la empresa privada del empresario venezolano Alejandro Betancourt, con lo que obtiene acceso a 17 yacimientos petrolíferos en el país.
El acuerdo “hace menos probable que la deuda se salde a corto plazo”, afirmó Michal Meidan, director de investigación sobre energía china en el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. “Será interesante ver si este asunto siquiera se plantea a finales de este mes durante la reunión entre Trump y Xi, pero lo dudo”.
Venezuela ha perdido importancia como fuente de energía para Pekín en los últimos años. El crudo venezolano representó apenas el 4% de las importaciones totales de petróleo de China en 2025. Desde que el gobierno de Trump asumió el control de los activos tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro a principios de este año, no se ha registrado la llegada de cargamentos venezolanos a China.

El mayor impacto podría recaer sobre los miles de millones de dólares que Venezuela adeuda a bancos chinos, en buena parte vinculados a barriles de petróleo que nunca fueron entregados. Aunque Caracas dejó de publicar información detallada sobre esas obligaciones tras su impago soberano en 2017, se estimaba que la deuda con China ascendía al menos a US$ 10,000 millones en 2025.
La deuda ya se ha reducido considerablemente desde sus niveles máximos. China comenzó a financiar proyectos de infraestructura y energía en Venezuela en 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez. Según datos disponibles públicamente, los bancos estatales chinos habían concedido al país más de US$ 60,000 millones en préstamos respaldados por petróleo hasta 2015.
A medida que EE.UU. intensificó las sanciones contra Caracas, China se convirtió en el mayor comprador de crudo venezolano y en el principal acreedor extranjero del país. Empresas estatales como China National Petroleum Corp., matriz de PetroChina Co., y China National Offshore Oil Corp. desarrollaron proyectos de petróleo y gas en el cinturón del Orinoco y otras zonas.
Empresas privadas chinas, como Concord Resources, también adquirieron participaciones en activos de exploración y producción.
Sin embargo, operar en Venezuela se volvió cada vez más difícil a medida que la economía se deterioraba y las instalaciones producían muy por debajo de su capacidad prevista. La situación empeoró después de que EE.UU. impusiera sanciones al sector petrolero venezolano en 2019, aunque algunas empresas conjuntas chinas y personal contratado, incluido el de CNPC, podrían seguir en Caracas.
Esto sugiere que las afirmaciones de que EE.UU. está recuperando yacimientos petrolíferos de adversarios extranjeros probablemente tendrán poco impacto en las empresas chinas. Muchas ya habían reducido su presencia en Venezuela a medida que cambiaban las prioridades estratégicas de Pekín.

El golpe más duro podría recaer sobre las refinerías chinas, que ya sufren interrupciones en el suministro de crudo iraní.
En particular, las refinerías independientes de la provincia de Shandong llevan mucho tiempo dependiendo del crudo pesado venezolano para producir asfalto. La pérdida de esos suministros ha contraído el mercado nacional del asfalto y contribuido a disparar los precios de los futuros.
Según los analistas, la mayoría de las empresas y los acreedores chinos en Venezuela ya estaban familiarizados con los riesgos de hacer negocios en el país, por lo que la reciente agitación no debería sorprenderlos.
“Sudamérica ha sido durante mucho tiempo una encrucijada geopolítica en la que los intereses de China y EE.UU. se cruzan y, en ocasiones, chocan”, afirmó Liao Na, quien fundó GL Consulting, una empresa especializada en investigación energética. “Dada la importancia que ambas potencias conceden a Venezuela, las fricciones son casi inevitables cuando sus intereses coinciden”.







