
Justo antes de la medianoche, dos hombres con overoles blancos y guantes negros escalan una cerca eléctrica en un parque solar en el desierto de Atacama, en Chile. Se deslizan en silencio entre filas y filas de paneles relucientes. Otros utilizan una gruesa tijera y una pulidora eléctrica para abrir el portón principal. Tres camionetas sin placas ingresan para que la banda cargue su botín y escape rápidamente.
Los ladrones suelen tener menos de una hora antes de que llegue la policía para desactivar cámaras, cortar cables y retirar decenas de paneles antes de desaparecer en las dunas. En este caso, había solo un guardia de seguridad, quien había sido instruido que, ante una intrusión, se escondiera. Aun así, lo ataron.
Chile atraviesa un salto en robos en parques solares. Muchos en la industria confirman, en privado, que han sido víctimas, aunque pocos están dispuestos a decirlo públicamente. El equipo robado termina en el mercado negro.
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Las condiciones excepcionalmente soleadas del país, además de la liberalización de precios de la electricidad y un ambiente favorable para la inversión, han impulsado una rápida expansión de la generación fotovoltaica. De representar solo el 3% de la capacidad instalada total en 2015, ha pasado a cerca de un tercio del sistema en la actualidad, según datos del gobierno.
Pero, al igual que en otros lugares como California y el Reino Unido, este auge solar ha traído consigo el delito. Sin embargo, lo remoto de las plantas y la presencia del crimen organizado ha acelerado la tendencia, lo que plantea riesgos para la infraestructura crítica de Chile, con posibles consecuencias para la confiabilidad de la red y la inversión extranjera.
“La sustracción de cables, paneles o equipos electrónicos puede paralizar temporalmente parques solares completos y generar pérdidas económicas importantes”, dijo Erwin Plett, director ejecutivo de la consultora de energías renovables Low Carbon Chile SpA. Agregó que también eleva los costos de seguridad y seguros. “Chile sigue siendo uno de los mercados renovables más atractivos de la región, pero mantener ese liderazgo requiere garantizar seguridad para las infraestructuras energéticas”.

Hace cinco años, el robo de paneles era poco común, según un gerente de servicios de entrega que supervisa más de 60 parques en Chile y no estaba autorizado para hablar públicamente. Desde marzo del año pasado registró más de 30 robos entre las plantas que supervisa. Un solo sitio fue atacado cinco veces en menos de un mes.
Fernando Navarro, gerente de proyectos en Tritec-Intervento, la operación chilena de una empresa europea de energía solar, afirma que los robos se han vuelto cada vez más organizados en sus seis años en la industria. Al principio los incidentes eran menores —uno o dos paneles desapareciendo durante un período de construcción de ocho meses—. Ahora ocurren incursiones coordinadas, con camiones llevándose cuatro o cinco cajas por vez, cada una con al menos 30 paneles.
Los paneles frágiles pesan unos 30 kilogramos y normalmente cuestan entre US$ 60 y US$ 70 cada uno. Los perpetradores saben qué desconectar y qué componentes atacar evitando riesgos de seguridad al retirarlos, dijo Navarro. A menudo desmantelan equipos complejos para extraer cobre y también se llevan baterías, cercos y sistemas de control.
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“El perfil de esos grupos vandálicos que hacen estos robos es que conocen la utilidad del equipo”, dijo Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, o Acera. “Y hay un mercado dispuesto a comprarlo para poder usarlo en forma distinta a aquella para la que fue desarrollado, comprado e instalado. Esa es una preocupación alta que nosotros tenemos”.
Los cables son los componentes más robados, representando el 85.7% de los casos, seguidos por los paneles fotovoltaicos con el 54.8%, según datos de la Asociación Chilena de Energía Solar, o Acesol.
Chile no es el único caso. “El rápido crecimiento de la energía solar, unida a la alta densidad de valor de los módulos y a la dificultad de rastrear equipos sin una identificación estandarizada, crea un caldo de cultivo para el robo en cualquier país”, dijo Felipe Javier Ríos Ledesma, investigador del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. “Sin embargo, Chile tiene condiciones locales que lo hacen particularmente vulnerable”.

Canales opacos
Benjamin Sovacool, profesor de tierra y medio ambiente en la Universidad de Boston y la Universidad de Sussex, ha estudiado el robo de paneles solares por todo el mundo. Estima que alrededor del 20% de los paneles robados se dañan durante su retiro o transporte debido a la fragilidad de los sistemas de vidrio y componentes como inversores y baterías. Del resto, aproximadamente el 30% se revende en mercados domésticos y cerca de la mitad termina en mercados internacionales, dijo, basándose en un patrón estudiado en Indonesia.
En el caso de Chile, los sitios remotos y las extensas superficies hacen que los parques solares sean difíciles de proteger, mientras que la oscuridad del desierto por la noche brinda una ventana clara para que los ladrones operen. Los sitios extensos pueden tener solo uno o dos guardias desarmados.
Más importante aún, las fronteras porosas del país pueden facilitar el contrabando. Los parques solares normalmente están ubicados en zonas remotas y “a veces están muy cerca de las fronteras y de pasos no autorizados o no controlados”, dijo Rojas. “Por lo tanto, el cruce hacia países vecinos como Perú, Bolivia y Argentina se facilita”.

El cobre en particular, atractivo por su alto precio actual, puede ser acumulado y trasladado a lo largo de la cadena de valor para su exportación, lo que dificulta rastrear su destino final. En abril, autoridades chilenas desmantelaron una red criminal que había movido más de US$ 900 millones en cobre robado entre 2020 y 2025, transportándolo al puerto norteño de Iquique antes de enviarlo a China.
Navarro señala que los proyectos son más vulnerables en las fases iniciales, cuando los materiales se almacenan en cajas o pallets, los sistemas de seguridad aún no están completamente operativos y hay un movimiento constante de trabajadores y subcontratistas.
Ante el crecimiento en los delitos, inversionistas han incorporado cada vez más el robo y el vandalismo en sus evaluaciones de riesgo, lo cual eleva los costos de seguros, seguridad y los proyectos en general, dijo Plett.
“Por ahora no han frenado la inversión, pero sí constituyen una señal de alerta que el país debe abordar con urgencia”, afirmó.
Sensación de impunidad
Antes del amanecer del 24 de febrero, ladrones se infiltraron en el parque solar Eléctrica Altos de Til Til, al norte de Santiago para robar cables de cobre. Según su gerente general, Andrés Guerrero, fue el tercer incidente desde finales de septiembre. El parque, diseñado principalmente para abastecer a la cercana planta de procesamiento mineral San Pedro, había operado durante años sin incidentes hasta entonces.
“Sabían exactamente qué cosa intervenir”, dijo Guerrero. Antes de cortar los cables de cobre que alimentan el sistema, los intrusos desactivaron cámaras de seguridad y penetraron la sala de control. Cortaron las líneas en los terminales, enrollaron cables gruesos en bobinas y los bajaron a mano por una ladera adyacente, atravesando un terreno inaccesible para vehículos. Algunos cables fueron escondidos entre árboles, ocultos para su posterior retiro.
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Los perpetradores suelen retirar el revestimiento plástico, extraer el cobre y venderlo como chatarra. El aumento de los precios de los metales ha contribuido a impulsar los robos, dijo Guerrero. Agregó que los daños relacionados con estos delitos pueden tardar semanas en repararse.
Los criminales pueden robar un cable que vale apenas unos 1,000 pesos chilenos (cerca de US$ 1), pero reemplazarlo puede costar entre 30 y 40 veces más, dijo Michael Minnes, gerente general de la consultora ambiental CarbonFree Chile SpA.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) afirma que está investigando activamente los delitos en parques solares. “El fenómeno delictual del robo de paneles y de baterías en el norte se produce y lucra un mercado que también es internacional o transnacional”, dijo Marcos Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI.
En un caso de 2023, la PDI en la ciudad norteña de Arica contactó a Acesol tras interceptar una camioneta que transportaba paneles cerca de la frontera con Perú. Los números de serie coincidían con los de un lote robado a uno de los miembros del grupo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los perpetradores escapan, lo que alimenta una sensación de impunidad, según las víctimas. “Hay desincentivo a denunciar porque no se esperan resultados”, dijo Guerrero.
Otro ejecutivo del sector renovable, que no estaba autorizado para hablar públicamente, señaló que las cámaras de seguridad parecen existir solo para que las víctimas vean los robos en tiempo real.
Acera espera que el nuevo Ministerio de Seguridad de Chile aborde el problema como parte de la campaña del gobierno contra el crimen. “Desde Acera estamos disponibles absolutamente para poder aportar información y también para poder, en el fondo, generar más propuestas”, dijo Rojas.
Un portavoz del Ministerio de Energía dijo que un grupo de trabajo inicial sobre robo de cables se amplió para cubrir infraestructura energética y finalmente fue transferido al Ministerio de Seguridad, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Mientras tanto, las primas de seguros aumentan. Las pólizas de construcción a todo riesgo suelen tener deducibles altos, lo que significa que los robos generalmente son absorbidos por los contratistas. Con el aumento de los delitos en los últimos tres años, las aseguradoras han endurecido condiciones y elevado costos, reduciendo la efectividad de la cobertura, según Navarro.
Algunas empresas han comenzado a reemplazar cables de cobre por aluminio de menor valor en sitios vulnerables, eliminando un incentivo para el robo. Otros operadores han implementado patrullajes nocturnos con vehículos, pero los costos pueden erosionar los ya ajustados márgenes en un mercado altamente competitivo.
“Este es un tema donde nosotros nos debemos ocupar más que preocupar”, dijo Rojas. “Como una preocupación tan grande que frene el desarrollo y el interés por renovable, estamos lejos de eso. Pero siempre el punto es actuar hoy día para que el problema no se transforme en una afectación sistemática”.
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La comunidad solar debe trabajar en conjunto para lograr resultados, afirmó Ríos, de la Politécnica de Madrid. “Lo que vemos en Chile no es un caso aislado, sino la expresión local de un problema global que, con el crecimiento de la fotovoltáica, irá en aumento si no se toman medidas coordinadas de trazabilidad y seguridad desde la fase de instalación”.
La industria solar está comenzando a prestar más atención, con discusiones sobre seguros y medidas de seguridad reforzadas como dispositivos de rastreo, dijo Gilbert Michaud, profesor asistente en la Escuela de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Loyola de Chicago.
Con presiones en la cadena de suministro global y costos crecientes de equipos, es probable que el robo sea un problema mayor en el futuro, afirmó Michaud. “En última instancia, abordarlo ayudará a garantizar un sistema energético más resiliente”.







