Sherritt International Corp. dio marcha atrás en sus planes de liquidar sus operaciones en Cuba tras nuevas consultas con asesores y funcionarios gubernamentales, mientras la productora de níquel busca responder al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra la isla.
La compañía canadiense no avanzará con los planes de disolver sus empresas en Cuba, incluida la ruptura de su alianza con la estatal General Nickel Company SA, según un comunicado publicado el martes.
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Sherritt se ha visto afectada por una fuerte turbulencia desde que el presidente Donald Trump firmó este mes una orden ejecutiva dirigida contra individuos y entidades no estadounidenses que hagan negocios en Cuba, país sometido a amplias sanciones de Estados Unidos desde la década de 1960.
La semana pasada, la firma con sede en Toronto dijo que estaba considerando medidas para distanciarse de sus operaciones cubanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
Aunque mantendrá la suspensión de sus actividades en empresas conjuntas en la isla, Sherritt señaló el martes que sigue dialogando con partes interesadas y autoridades mientras evalúa alternativas para mitigar el impacto del régimen de sanciones.
La compañía también señaló que analiza una “potencial oportunidad de preservación de valor”, aunque advirtió que cualquier transacción o reestructuración sigue en una etapa preliminar y podría no concretarse.
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Sherritt indicó que todavía se están evaluando los plazos, la estructura y los términos de cualquier posible acuerdo, subrayando la incertidumbre que enfrenta uno de los inversores corporativos canadienses más expuestos a Cuba.
La empresa opera negocios de minería y refinación de níquel y cobalto estrechamente vinculados con socios estatales cubanos y desde hace tiempo depende del país para una parte significativa de su producción.
La compañía advirtió que los problemas no resueltos derivados de las sanciones continúan generando “agudas dificultades operativas, financieras y legales”, incluidos riesgos relacionados con el cumplimiento de compromisos de deuda.
