El fiscal Carlos Stornelli imputó a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (Reino Unido) por la búsqueda de petróleo en las islas Malvinas, la cual se realizaría sin autorización de Argentina.
De acuerdo con Clarín, Stornelli exigió investigar también a toda persona física o jurídica que colabore con este proyecto bajo la violación de una ley que preserva el medio ambiente y combate el lavado de activos, entre otros.
La acción fiscal del gobierno de Javier Milei busca la identificación de los accionistas, personas o empresas que puedan prestar servicios logísticos o asistencia en la búsqueda de hidrocarburos en el archipiélago.
El medio citado reveló que, según expertos en la materia, los delitos investigados contemplarían penas de hasta 20 años de prisión, junto a multas económicas.
¿Qué busca la justicia argentina?
Stornelli solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que entregue toda la documentación relacionada con la denuncia; e instó a que se activen mecanismos de cooperación judicial internacional con el Reino Unido para obtener información societaria de Desire Petroleum y del grupo Rockhopper.
El pedido incluye datos sobre sus directorios, representantes legales y las licencias relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las zonas en disputa. Foto: archivo / PABLO PORCIUNCULA / AFP
Dicha denuncia fue planteada por el canciller argentino Pablo Quirno y el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, quienes cuestionaron el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos que Argentina considera bajo su soberanía.
De esa manera, el gobierno de Javier Milei busca no solo determinar si hubo exploración petrolera sin autorización, y también busca establecer qué empresas y personas participaron, cómo se estructuró el negocio y si se utilizaron mecanismos para evitar las normas argentinas.
