Abogados ambientalistas y excombatientes de Argentina en la guerra de 1982 contra Reino Unido por las islas Malvinas presentaron este martes una demanda contra un proyecto de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper para explotar crudo en aguas cercanas al archipiélago.
“Es una acción judicial preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra las dos petroleras y su proyecto Sea Lion”, confirmó a EFE Enrique Viale, presidente de la AAdeAA.
El proyecto ‘offshore’ (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en el 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur, un espacio que para Argentina está dentro de su plataforma continental y que forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.
La iniciativa recibió el visto bueno del gobierno isleño, al margen de las autoridades argentinas.
Monumento a los Caídos en las Malvinas, en la Plaza Islas Malvinas, en la ciudad de Ushuaia (Argentina). (Foto: EFE)
Los argumentos de la demanda
La denuncia tiene dos dimensiones: por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina; y, por otro, plantea la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.
“Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio”, afirmaron la AAdeAA y el Cecim.
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Riesgo ambiental y soberano
Según la demanda, el proyecto afecta a las ecorregiones del Mar Argentino -aguas del Atlántico bajo jurisdicción argentina- y de las islas del Atlántico sur, áreas que, además, mantienen una «conexión ecológica» con la Antártida.
Se trata de ecosistemas de enorme biodiversidad, con centenares de especies de peces, mamíferos y aves, entre ellas, la ballena franca austral y los pingüinos de Magallanes.
La presentación judicial busca evitar el «riesgo ambiental y soberano» antes de que se produzca un daño y el «hecho consumado» sobre un recurso que Argentina reclama como propio.
Stanley es la capital de Falkland/Malvinas.
En la demanda se solicita declarar ilegal el proyecto, suspender las obras e impedir nuevos contratos, desembolsos y transferencias destinados a esta iniciativa.
Además, se solicita a la Justicia que requiera a las empresas datos sobre bancos, fondos, aseguradoras y otras entidades relacionadas con la financiación del proyecto.
“Es importante identificar quién lo financia porque nuestra idea es, posteriormente, solicitar embargos sobre los bancos y demás financistas e, incluso, las propias petroleras”, señaló Viale.
Con información de EFE
