
Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Caracas quedó envuelta en escenas conocidas de represión. Soldados apostados en las intersecciones. Motocicletas detenidas en grupos. Teléfonos revisados por hombres armados, y luego inspeccionados una vez más.
Dentro del palacio presidencial, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina el lunes. Afuera, oficiales de la contrainteligencia militar fueron vistos patrullando la capital, según dos testigos.
Fuerzas de seguridad fuertemente armadas y bandas progobierno en motocicleta, conocidas como colectivos, recorrían las calles. Cerca de la Asamblea Nacional, periodistas eran detenidos cuando intentaban documentar el momento. Para la tarde del lunes, al menos siete miembros de la prensa habían sido arrestados, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Las escenas sugieren que poco ha cambiado en la forma en que se ejerce el poder en Venezuela. Incluso con la administración Trump asegurando tener el control del país, el gobierno parece apoyarse en herramientas conocidas —patrullajes de seguridad, detenciones y represalias— que definieron el mandato de Maduro.
Con los periodistas enfrentando intimidaciones, han surgido pocas fotos de los colectivos en Caracas en los últimos días. Sin embargo, imágenes del periodo inmediatamente posterior a la captura de Maduro el 3 de enero muestran cuán arraigadas siguen estando esas tácticas.

Tras la captura de Maduro por fuerzas de EE.UU., residentes hicieron filas frente a supermercados y estaciones de servicio ante la preocupación por el futuro del país. Millones de venezolanos huyeron de las penurias económicas durante el gobierno del líder autoritario, y cientos de miles buscaron asilo en Estados Unidos.
Los colectivos, las bandas civiles armadas que respaldan a Maduro, siguen presentes en el país. Aunque ya no tienen la influencia que tuvieron en el punto más alto de su poder, el Departamento de Estado de EE.UU. ha señalado que fueron responsables de muertes durante protestas vinculadas a la elección presidencial de 2024.

Las escenas en las calles de Caracas no coinciden con los llamados a la paz que Rodríguez formuló durante su ceremonia de juramentación el lunes.
“Por el pueblo de Venezuela, juro no descansar ni un solo minuto para garantizar la paz y el bienestar espiritual, económico y social de nuestro pueblo, y para asegurar un gobierno que brinde bienestar social, estabilidad política y seguridad”, afirmó.

Arrestos sin esclarecer
Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Johan Benlolo Jiménez, peluquero de una popular peluquería de Miami, junto con al menos varios ciudadanos estadounidenses bajo su custodia, según personas familiarizadas con la situación.
Los agentes detuvieron a este ciudadano estadounidense de 41 años, nacido en Venezuela, a principios de diciembre, según las dos fuentes, y los cargos en su contra siguen sin esclarecerse. Intentaba salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que conecta con Caracas, y se encuentra recluido en una prisión administrada por la contrainteligencia militar en la capital, según una de las fuentes.
Benlolo Jiménez es socio del salón Armandeus en Miami, según registros de Florida. El conocido negocio comenzó en Caracas. Hasta el lunes, no se le habían permitido visitas, según una de las fuentes.

El Ministerio de Información de Venezuela y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La esposa de Benlolo Jiménez tampoco respondió a las solicitudes de comentarios. La gestión del gobierno venezolano de las detenciones de ciudadanos estadounidenses y presos políticos pondrá a prueba si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, está cumpliendo con las expectativas de la administración Trump de que sea una socia confiable.
Los arrestos se produjeron durante el gobierno de Nicolás Maduro, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó la presión sobre su régimen antes de capturarlo a él y a su esposa y llevarlos a Estados Unidos. Ambos comparecieron ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos de narcotráfico.

Maduro tiene un historial de arrestar a ciudadanos estadounidenses para usarlos como palanca en negociaciones. El año pasado, liberó a 10 ciudadanos estadounidenses bajo custodia del gobierno, a cambio de decenas de venezolanos que Estados Unidos había enviado a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Al 29 de diciembre, Venezuela albergaba a 860 presos políticos, según Foro Penal, un grupo de derechos humanos con sede en Caracas. Casi 90 eran extranjeros. Dos de los presos políticos identificados por el grupo son un estadounidense y un cubanoamericano, aunque no se han revelado más detalles sobre sus identidades.

Organizaciones de derechos humanos, activistas y líderes de la oposición presionan por su liberación tras el derrocamiento de Maduro.
El lunes, el New York Times también informó sobre el arresto de James Luckey-Lange, ciudadano estadounidense de 28 años de Staten Island, quien desapareció a principios de diciembre y fue detenido poco después de cruzar la frontera sur de Venezuela.
El arresto de Benlolo Jiménez no se había informado previamente.








