
Estados Unidos decidió modificar las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que su Gobierno pague los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.
La medida fue adoptada mediante licencias enmendadas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Ejecutivo venezolano bajo condiciones específicas.
“Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, señala el documento judicial.

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Cambio en la postura de Washington
La decisión representa un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la administración del presidente Donald Trump, que hasta ahora había bloqueado el acceso a estos fondos por razones de seguridad nacional y política exterior.
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de cubrir los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a contar con un abogado de elección.
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Proceso judicial en Nueva York

En una audiencia celebrada el pasado 26 de marzo, el juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, se mostró escéptico ante la postura de la Fiscalía y consideró que, tras su captura, Maduro y Flores ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional.
El líder venezolano, de 63 años, y su esposa, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado “no culpables” de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se prevé que el juicio formal contra la pareja no comience hasta dentro de uno o dos años.







