Los familiares de dos trinitenses que murieron el año pasado durante un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente del narcotráfico demandaron el martes al gobierno de Donald Trump por homicidio culposo.
Es la primera acción legal interpuesta contra el gobierno estadounidense tras los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que dejaron al menos 125 muertos desde septiembre.
La demanda fue interpuesta en una corte federal de Massachusetts por las familias de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41. Ambos se encontraban entre los seis muertos que se reportaron en un ataque el 14 de octubre en el Caribe.
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En aquel momento, Trump afirmó que “seis hombres narcoterroristas” fueron abatidos en el ataque con misiles contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.
Hasta la fecha, Washington no ha presentado ninguna evidencia que demuestre que las embarcaciones atacadas pertenecían a carteles de la droga.
“Los homicidios ilegales de personas en el mar por parte de Estados Unidos, incluidos el señor Joseph y el señor Samaroo, constituyen muertes injustas y ejecuciones extrajudiciales”, dice la denuncia. “Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible”, añade.
El Comando Sur difundió imágenes del ataque a una lancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte del operativo “Lanza del Sur”. Foto: EPA/NARONG SANGNAK
El documento indica que “fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los más altos niveles del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando”.
El caso se presentó bajo la Ley de Muertes en Alta Mar (High Seas Act), que permite la reparación por muertes injustas en el mar, y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permite a extranjeros presentar demandas en tribunales estadounidenses por violaciones de derechos.
Los demandantes son representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR).
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Los familiares solicitan una indemnización cuyo monto se determinaría en el juicio.
Según la denuncia, ninguno de los dos hombres estaba vinculado a cárteles de la droga y simplemente habían aprovechado un aventón para regresar a Trinidad desde Venezuela, donde habían estado dedicados a la pesca y al trabajo agrícola.
En diciembre, la familia de un colombiano muerto en otro ataque presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
