El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este viernes a Washington de mantener una política de máxima presión sobre la isla que intenta “reducir la capacidad” del Gobierno cubano para “proveer bienes y servicios básicos”, y “provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional”.
“Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana”, apuntó el jefe de la diplomacia del país caribeño en redes sociales, a la vez que enumeró varias de las sanciones impuestas por Washington en el sector bancario-financiero, principalmente.
Rodríguez criticó la imposición por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) y otras agencias de ese país de “24 multas a entidades financieras, aseguradoras, de viajes, tecnológicas y de logística de terceros países por un monto total de más de US$ 4,014 millones por supuestas violaciones del bloqueo a Cuba”.
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Rodríguez denunció en este sentido que esas sanciones a la isla constituyen “una extensión de las medidas adoptadas desde el primer mandato” del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Al respecto señaló la prohibición para que la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del Ejército, Gaesa) y la corporación multinacional de finanzas y seguros American International Services (AIS), procesen remesas, desde el 24 de septiembre de 2020.
En la lista de empresas cubanas sancionadas se incluye, además, el Banco Financiero Internacional, desde el 1 de enero de 2021, apuntó el canciller, así como “la designación de sanciones para instituciones financieras que operan supuestamente bajo Gaesa, 23 de junio de 2026”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)
Y “las reinclusiones de Cuba en la espuria lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025”, apuntó.
Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.
La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada por la crisis energética, tras acumular una contracción de un 15% entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar hasta un 6.5% este año.
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La presión de EE.UU. está teniendo un evidente coste social en Cuba, con los apagones que imposibilitan una vida cotidiana mínimamente normal. El transporte público ha desaparecido, los hospitales ofrecen servicios mínimos, la industria está paralizada y, con los cortes eléctricos, los bancos, las oficinas estatales y las telecomunicaciones apenas funcionan.
Se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales.
El descontento social se evidencia cada vez con más frecuencia especialmente con protestas pacíficas con cacerolazos y quemas de basura nocturnos por parte de grupos de decenas de personas que exigen al Gobierno cubano energía eléctrica y otros servicios básicos como agua y gas. En ocasiones son reprimidos por la policía.
